El Pregonero, Santo Domingo.– El jurista Evaristy Jiménez, presidente de la Corriente Jurídica Unión y Solidaridad, exigió al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) aclarar de manera urgente y con documentación la situación jurídica del inmueble donde funciona su sede principal, ubicada en la avenida Bolívar número 9, en el Distrito Nacional.
Jiménez sostuvo que existen interrogantes sobre la titularidad registral de la propiedad, la forma en que el CARD adquirió u ocupa el inmueble y referencias a un eventual financiamiento o garantía hipotecaria que, a su juicio, deben ser explicadas ante la comunidad jurídica.
El abogado recordó que desde 2020 existe la Sentencia núm. 030-02-2020-SSEN-00010, emitida por el Tribunal Superior Administrativo a raíz de una acción de amparo de cumplimiento relacionada con informaciones solicitadas por él y la Corriente Jurídica Unión y Solidaridad al Colegio de Abogados.
Según Jiménez, más de seis años después todavía existirían informaciones sobre el patrimonio, operaciones y situación financiera del gremio que no habrían sido suministradas de manera completa.
Cuestiona titularidad registral de la sede
Jiménez afirmó que, de acuerdo con verificaciones registrales realizadas por su organización, el inmueble identificado como Manzana núm. 294, Solar núm. 10, Distrito Catastral núm. 1, donde funciona la sede del CARD, aparecería vinculado registralmente a la sociedad Importadora Garzanz, S.A., desde 1992.
Aclaró que ese planteamiento corresponde a las consultas efectuadas por su organización y que no pretende establecer anticipadamente una conclusión sobre la propiedad del inmueble.
“No estamos adelantando conclusiones. Estamos haciendo preguntas que necesariamente tienen que ser contestadas con documentos. El patrimonio del Colegio pertenece institucionalmente a todos los abogados y su situación jurídica tiene que ser absolutamente transparente”, expresó.
Entre los aspectos que reclama esclarecer figuran quién aparece actualmente como titular registral definitivo del inmueble, qué relación jurídica existe entre Importadora Garzanz, S.A. y el CARD y, en caso de haberse producido una compraventa, cuál fue el precio, la fecha y el contrato que sustentó la operación.
También solicitó que se determine si existe un Certificado de Título a nombre del Colegio de Abogados y si fue formalizada ante el Registro de Títulos una transferencia del derecho de propiedad.
Pide aclarar referencia a posible hipoteca
Jiménez también planteó interrogantes sobre una alegada referencia a una hipoteca de primer rango relacionada con el inmueble y vinculada a COOPHERRERA.
En ese sentido, pidió establecer documentalmente si dicha garantía existió, quién la habría constituido, por qué monto, para garantizar cuál obligación y cuál habría sido el destino de los recursos de cualquier financiamiento relacionado con la propiedad.
Asimismo, solicitó información sobre los pagos eventualmente realizados por el CARD, cualquier balance pendiente y las actas de los organismos directivos que habrían autorizado operaciones de compra, financiamiento o constitución de garantías sobre el inmueble.
Jiménez enfatizó que sus planteamientos constituyen solicitudes de esclarecimiento y no acusaciones contra personas determinadas.
Pide explicaciones a Surún y Potentini
El presidente de la Corriente Jurídica Unión y Solidaridad consideró que tanto el expresidente del CARD, Miguel Surún Hernández, respecto de las operaciones realizadas durante su administración, como el actual presidente, Trajano Vidal Potentini, deben contribuir a esclarecer documentalmente la situación.
“Miguel Surún Hernández y Trajano Vidal Potentini deben explicar a la comunidad jurídica cuál es la realidad. No mediante declaraciones generales, sino poniendo sobre la mesa el título, el contrato de compraventa, las certificaciones del Registro de Títulos, los contratos de financiamiento, cualquier hipoteca, los comprobantes de pago y las actas que autorizaron esas operaciones”, manifestó.
Jiménez reclamó además el cumplimiento efectivo de la referida sentencia del Tribunal Superior Administrativo y la entrega de la documentación relacionada con bienes inmuebles, ingresos, obligaciones financieras, contratos, préstamos, gravámenes y decisiones de los órganos directivos del gremio.
“Después de más de seis años, no puede seguir existiendo una sentencia sin cumplimiento efectivo mientras permanecen interrogantes de esta magnitud sobre el principal inmueble de la institución. Exigimos transparencia, documentos y respuestas”, afirmó.
Finalmente, anunció que la Corriente Jurídica Unión y Solidaridad continuará realizando diligencias legales para obtener certificaciones y documentos oficiales que permitan establecer la situación registral y jurídica de la propiedad.
“El Colegio de Abogados no puede tener zonas oscuras en el manejo de su patrimonio. La respuesta es sencilla: que se abran los archivos, se cumpla la sentencia y se entreguen los documentos. Que la verdad documental hable”, concluyó Jiménez.
