¿Esperaremos a que el Senasa colapse?

El presidente Luis Abinader deberá hacer una revisión profunda si quiere cerrar su gestión con balance positivo y pasar a la historia como un gobierno exitoso. No nos equivoquemos: en las encuestas, los números personales del mandatario siguen siendo buenos, pero los del gobierno en su conjunto no reflejan ese mismo respaldo. Su permanencia en el poder se ha sostenido, en parte, por una oposición dividida y aún en proceso de reconstrucción, y por un PLD que no ha podido capear con éxito el impacto de los múltiples casos de corrupción.

Pero una cosa es la imagen del presidente y otra es la percepción ciudadana sobre el desempeño institucional, donde el deterioro en algunas áreas ha sido evidente. Esta semana, el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha encendido las alarmas: por primera vez, se habla abiertamente de que esta ARS pública requerirá subsidios del Estado para evitar el colapso financiero.

Un servicio que hace cinco años era modelo —con una tasa de morosidad de apenas 0.97 %— hoy registra un atraso en pagos de entre 44 % y 46 %, según denuncias. Hablamos de una institución que soporta más del 50 % de los afiliados al sistema de salud dominicano, y que competía en eficiencia incluso por encima de las ARS privadas. Clínicas, laboratorios y médicos preferían facturarle a SeNaSa. Hoy, eso ha cambiado. Y si bien es cierto que el Estado debe garantizar la salud de los que menos puede debe mantener al mismo tiempo la calidad en el servicio y garantizar su sostenibilidad y dejémonos de hipocresía o se subsidia el Senasa o a los hospitales, lo que debería preocupar es la morosidad en los pagos y el atraso en las aprobaciones.

¿Vamos a esperar que colapse para intervenir?

Lo mismo ha ocurrido en otras instituciones que, sin el mismo ruido mediático, acumulan quejas ciudadanas constantes:

Obras Públicas: Obras lentas, sobrecostos y una alarmante falta de fiscalización. Sectores rurales claman por vías básicas, baja inversión.

Metro de Santo Domingo: Pese a su utilidad, se han denunciado fallos operativos, mantenimiento deficiente.

Educación y MESCyT: Infraestructuras deterioradas, baja ejecución presupuestaria, programas poco útiles, y estudiantes con bajo rendimiento siguen marcando el diagnóstico. La educación superior ha perdido calidad mientras se reparten becas sin mayor planificación ni supervisión y si no es porque un video se volvió tendencia el inglés por inmersión seguiría estando dirigido por alguien que no sabía decir Hello de manera correcta.

Sistema 911: Aunque es una de las instituciones más valoradas, enfrenta déficits operativos crecientes, especialmente en zonas no urbanas. Las quejas por tiempo de respuesta y recursos insuficientes se han disparado.

Agricultura: El campo se queja de promesas incumplidas, asistencia técnica limitada, y dificultades para acceder a mercados o compensaciones y sectores que antes eran líderes en exportaciones y hoy apenas sobreviven.

Si el gobierno quiere terminar bien, no basta con sostener la aprobación presidencial. Hace falta voluntad política para revisar los casos críticos, intervenir donde haga falta, y dejar un legado real de eficiencia pública. Esto incluye:

Auditar de manera transparente las instituciones con alto volumen de denuncias.

Relevar o reubicar a los funcionarios que no han dado resultados, sin importar vínculos partidarios.

Diseñar un plan de rescate y fortalecimiento de SeNaSa, antes de que el sistema completo de salud se resienta.

Crear canales directos de escucha ciudadana que no se queden en lo simbólico.

Hay funcionarios que han hecho un trabajo admirable. Pero hay otros que han hundido el prestigio institucional sin consecuencias visibles. No se puede construir futuro sobre estructuras deterioradas. Si el presidente quiere que su segundo mandato no termine empañado por la indiferencia o el desgaste, debe hacer cambios ahora. No mañana. Porque hay instituciones que no pueden esperar a colapsar para ser intervenidas.