Joaquín Alexander Hidalgo Marte y Alex Elvin Cruz Díaz fueron acusados por error del asesinato de Paula Santana la jovencita aspirante Azafata secuestrada de su lugar trabajo violada y asesinada. Pasaron siete meses presos. No había pruebas sólidas. No hubo juicio justo. Y cuando finalmente se comprobó que no eran culpables, salieron de la cárcel… pero no salieron del señalamiento, del estigma, del daño.
Y no son los únicos. Hace algunos años se conoció el estremecedor caso de un hombre que duró 10 años preso sin que existiera una acusación formal en su contra. Diez años. Una década tras las rejas en la cárcel de La Victoria, en silencio, olvidado, sin juicio, sin expediente, sin explicación. El caso hizo ruido por un momento y luego se hundió, como casi todo lo que no le conviene al sistema. Hasta hoy, no se sabe si ese hombre fue indemnizado, si pudo rehacer su vida… o si siquiera está vivo.
El artículo 20 del Código Procesal Penal establece el derecho a ser indemnizado por errores judiciales. El artículo 255 va más lejos: obliga al Estado a compensar por cada día de privación injusta de libertad. Pero en la práctica, casi nadie logra que esa promesa se cumpla. Los casos de indemnización efectiva en República Dominicana caben en los dedos de una mano. Y los más graves, como este de los 10 años o el de los jóvenes liberados ahora, no tienen aún reparación alguna.
Esa omisión no es solo un fallo legal. Es una forma institucional de impunidad.
Cuando el Estado encarcela por error y luego no repara, está diciendo: “Tu vida no importa lo suficiente para que nos hagamos responsables”. Y eso, en una sociedad que se dice democrática, es inaceptable. Porque el daño no termina cuando abren la celda: continúa en el desempleo, en el rechazo, en los hijos marcados, en las madres angustiadas, en la salud mental deteriorada, en la muerte civil.
La reparación debería ser automática. Bastaría una sentencia absolutoria para activar un proceso estatal de disculpa pública, indemnización justa y restauración del nombre ante la sociedad. No debería hacer falta otro proceso, ni abogados, ni años de espera.
Porque si la justicia se equivoca —y se equivoca mucho— lo mínimo es que el Estado no se lave las manos.
Presos por error. Presos del sistema. Presos de por vida, incluso estando libres.
