@abrilpenaabreu
Este medio ha sido muy crítico con las distintas administraciones del INABIE cuando los hechos así lo han requerido. Hemos cuestionado procesos, denunciado fallas y exigido consecuencias. Precisamente por esa independencia, también debemos decirlo cuando entendemos que una acusación está sustentada más en prejuicios que en evidencias.
En este caso se ha querido construir un escándalo alrededor de la edad de varios jóvenes y de la reciente creación de sus empresas. Pero la edad de los socios no constituye una irregularidad y la antigüedad de las compañías tampoco, especialmente cuando el propio pliego de condiciones permitía la participación de empresas nuevas.
Para las compañías con menos de un año de constitución, las reglas permitían presentar estados financieros interinos firmados por un Contador Público Autorizado, además de las líneas de crédito y los demás documentos requeridos. Si esas empresas entregaron la documentación, fueron evaluadas y superaron las etapas establecidas, no se les puede exigir ahora una experiencia de cinco o diez años que el pliego nunca exigió.
Podemos preguntar quiénes son, qué capacidad tienen y si existe alguna vinculación irregular, eso es fiscalizar, pero presentar sus edades como si fueran la prueba principal de un acto de corrupción es otra cosa. Aquí pesa un prejuicio cultural muy arraigado: la idea de que la juventud es sinónimo de irresponsabilidad, improvisación o incapacidad.
Vivimos reclamando oportunidades para los jóvenes, nos quejamos de que no consiguen empleo, de que abandonan el país y de que no encuentran espacios para desarrollarse. Pero cuando algunos deciden formalizarse, emprender y competir por una oportunidad, entonces también los atacamos porque son “demasiado jóvenes”. Es la vieja confiable: “No consigo trabajo porque no tengo experiencia”. Pero ¿cómo se adquiere la experiencia si nadie ofrece la primera oportunidad?
Tampoco puede hablarse de adjudicaciones por 24, 38 o 48 millones de pesos como si esos jóvenes hubieran recibido un cheque por el monto completo. Se trata del valor de un servicio que deberá ejecutarse durante un período determinado, sujeto a entregas, supervisión, controles de calidad y cubicaciones. Para cobrar tendrán que cumplir.
Y esa es la verdadera prueba, si esas empresas no tienen las cocinas, el personal, el financiamiento o la capacidad logística que declararon, deben ser suspendidas. Si la comida no llega, llega tarde o no cumple con las condiciones sanitarias y nutricionales, deben ser sancionadas. Si no llenan los zapatos que se ganaron en la licitación, tendrán que asumir las consecuencias.
El propio INABIE ya suspendió los contratos de 14 suplidores después de que nuevas inspecciones detectaran cocinas desmanteladas, establecimientos sin operar, deficiencias sanitarias e inconsistencias en la capacidad instalada. Esa fiscalización debe continuar y aplicarse a todos por igual.
Pero hasta que se demuestre un incumplimiento, lo que tenemos frente a estos jóvenes es una adjudicación realizada bajo un pliego que permitía la participación de empresas nuevas. La transparencia exige revisar documentos, instalaciones, capacidades y posibles vínculos. No consiste en condenar a una persona por la fecha de nacimiento que aparece en su cédula.
Si cumplieron con el pliego, que trabajen. Si posteriormente incumplen, que sean suspendidos y sancionados. Lo que no podemos hacer es reclamar que los jóvenes trabajen y emprendan, pero convertir su juventud en motivo de sospecha cuando finalmente obtienen una oportunidad, porque, hasta ahora, más que pruebas de irregularidades, lo que se ha exhibido contra ellos son prejuicios.
