Luis Matías | Economista
El debate en torno al endeudamiento público constituye uno de los ejes centrales de la teoría y la práctica de la política fiscal contemporánea. Los efoques neoclásico y keynesiano han configurado marcos analíticos diferenciados respecto a la forma en que los gobiernos deben financiarse y gestionar sus pasivos. Desde la perspectiva neoclásica, un incremento elevado del endeudamiento genera distorsiones en los mercados financieros: la mayor demanda de recursos internos o externos presiona al alza las tasas de interés, desplaza la inversión privada y compromete la eficiencia asignativa de la economía. Bajo esta lógica, el Estado debe orientarse hacia la consolidación fiscal, priorizando el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad tributaria como mecanismos para preservar la estabilidad macroeconómica y la confianza de los agentes económicos.
En contraposición, el enfoque keynesiano sostiene que el endeudamiento público puede ser un instrumento legítimo y necesario para estabilizar la economía en momentos de recesión, desempleo o insuficiencia de demanda agregada. El gasto financiado con deuda siempre que se oriente a inversiones productivas permite dinamizar la actividad económica, estimular el empleo y compensar los efectos de ciclos adversos. En este marco, el déficit fiscal no constituye un problema en sí mismo, sino un mecanismo anticíclico cuyo propósito es suavizar las fluctuaciones económicas y promover el crecimiento de largo plazo.
La aplicación de estos enfoques al caso dominicano evidencia la coexistencia de ambas racionalidades. Durante los últimos años, la República Dominicana ha incrementado significativamente su nivel de endeudamiento, orientándolo a la financiación de obras de infraestructura, programas sociales y medidas extraordinarias asociadas a choques externos, como la pandemia de COVID-19 y eventos climáticos adversos. Desde una óptica keynesiana, tales intervenciones han sido esenciales para sostener la actividad económica y salvaguardar el empleo. No obstante, desde la perspectiva neoclásica, el crecimiento sostenido de los pasivos públicos constituye un factor de riesgo creciente: según estimaciones oficiales, la deuda del sector público consolidado superaría el 60 % del PIB en 2025, lo que equivale a aproximadamente USD 73,925.5 millones.
Un análisis menos ideologizado y más empírico de la evolución reciente del financiamiento público permite comprender mejor la trayectoria seguida entre 2020 y septiembre de 2025. En 2020, como respuesta directa a la crisis sanitaria y económica, la deuda pública aumentó de USD 44,928.2 millones a USD 54,469.3 millones, elevando la relación deuda/PIB de 40.3 % a 56.9 %. Este incremento responde a la necesidad de financiar gastos extraordinarios en salud, transferencias sociales y estímulos dirigidos a mitigar la contracción de la actividad económica.
Posteriormente, los informes de la Dirección General de Crédito Público indican que para junio de 2025 el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero ascendió a USD 60,954.3 millones, equivalentes al 46.8 % del PIB. De este total, un 72.7 % corresponde a deuda externa, lo que evidencia una elevada exposición a la volatilidad del tipo de cambio y a las condiciones del mercado financiero internacional. Por su parte, la deuda del sector público consolidado que incluye los pasivos cuasifiscales del Banco Central supera los USD 74,000 millones, cifra que continúa en ascenso y que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo.
La dinámica del endeudamiento público dominicano entre 2000 y 2025 puede explicarse por un conjunto de factores interrelacionados:
- Crecimiento económico: El desempeño positivo del PIB ha permitido absorber incrementos moderados de deuda sin comprometer la solvencia fiscal, reflejando capacidad de resiliencia ante choques externos.
- Política fiscal y déficits estructurales: Los períodos de expansión del gasto y de déficits recurrentes se han asociado con un crecimiento más acelerado del endeudamiento, especialmente para financiar obras de infraestructura y políticas sociales.
- Impacto de la pandemia de 2020: La crisis sanitaria generó un aumento abrupto de la deuda, particularmente la externa, para sostener la liquidez, compensar la caída de ingresos tributarios y financiar programas de apoyo económico.
- Composición de la deuda: La predominancia de pasivos externos expone al país a riesgos cambiarios y de tasas internacionales; sin embargo, la gradual profundización de la deuda interna contribuye a diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la vulnerabilidad al entorno global.
La trayectoria dominicana entre 2000 y 2025 puede interpretarse como una historia de dualidad: un proceso simultáneo de expansión económica y respuesta activa frente a crisis, junto con la acumulación de vulnerabilidades derivadas de una creciente dependencia del financiamiento vía deuda. Si bien la deuda ha funcionado como un instrumento crucial para estimular la economía en momentos críticos, su expansión exige hoy una gestión más rigurosa y analíticamente fundamentada, a fin de evitar riesgos de insostenibilidad.
El principal desafío para la política económica dominicana consiste en diseñar una estrategia de financiamiento que articule adecuadamente estímulo económico y prudencia fiscal. De no gestionarse con criterio técnico, la deuda podría comprometer el bienestar de las generaciones futuras. No obstante, si se administra con disciplina y eficiencia, puede convertirse en un motor para un crecimiento más equitativo, inclusivo y sostenible, preservando al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica.
En síntesis, el país se enfrenta a la necesidad de equilibrar el uso del endeudamiento como herramienta con gestión responsable orientada a la eficiencia del gasto público. Solo mediante este balance será posible garantizar un desarrollo económico sostenible sin comprometer la estabilidad fiscal ni la capacidad de crecimiento futuro.
