El empresariado dominicano, representado en esta ocasión por la AIRD, vuelve a levantar la voz, esta vez para advertir que las deportaciones masivas de haitianos están afectando la producción. Pero detrás de esa queja pública hay una verdad que no se atreven a decir: su rentabilidad lleva años descansando sobre la ilegalidad.
Hace cuatro años, el Gobierno dio un plazo generoso para que las empresas regularizaran el estatus migratorio de sus empleados. Tenían tiempo, recursos y acceso a los mejores abogados para hacerlo. Pero no lo hicieron.
Porque legalizar a su fuerza laboral significa pagar seguridad social, cumplir con impuestos y respetar derechos laborales, algo que muchos sectores productivos han evitado sistemáticamente, generando miles de millones en evasión cada año, especialmente en el sector de la construcción y la agroindustria.
Ahora que las deportaciones se han intensificado, el empresariado clama por “regularizar la mano de obra”, pero no porque le preocupe la legalidad o la justicia social, sino porque eso le afecta el bolsillo. Porque si se les acaban los trabajadores ilegales y baratos, tendrán que mejorar los sueldos para atraer mano de obra dominicana, invertir en tecnología y automatización, o asumir los costos reales de operar conforme a la ley.
El problema es más profundo: cuando el crecimiento económico de un sector solo es posible bajo condiciones ilegales, ese modelo está condenado a colapsar. Un país no puede seguir dependiendo de una estructura productiva que no sobrevive si se le aplica la ley.
Gobierno y empresarios deben entender que, sea justo o no, humano o no, la pava no pone donde ponía.
La sociedad dominicana está harta de cargar con los costos sociales de sectores que se escudan en que “producen empleo”, mientras evaden sus responsabilidades fiscales, laborales y sociales.
El país necesita una economía productiva sí, pero justa y legal. No podemos seguir sacrificando el futuro nacional para sostener la rentabilidad de unos pocos.
@abrilpenaabreu
