Por José Alberto Blanco
La institucionalización del servicio público en la República Dominicana tuvo un hito fundamental con la promulgación de la Ley 14-91, que creó el Servicio Civil y la Carrera Administrativa. Esta normativa estableció por primera vez un régimen basado en concursos, méritos y estabilidad laboral, marcando el inicio de un proceso de profesionalización del Estado.
Posteriormente, la Ley 41-08 de Función Pública reforzó este marco legal, otorgando al Ministerio de Administración Pública (MAP) la responsabilidad de organizar concursos, emitir nombramientos y garantizar la permanencia de los servidores de carrera. Con ello, se buscaba consolidar un sistema transparente y meritocrático, capaz de reducir el clientelismo político.
El período 2008–2012 representó la etapa de mayor expansión: cerca de 90 mil servidores públicos ingresaron a la Carrera Administrativa Civil, convirtiéndose en un símbolo de avance institucional. Sin embargo, a partir de 2013 la tendencia cambió. Los concursos se redujeron, las incorporaciones se estancaron y las desvinculaciones se multiplicaron.
Hoy, en 2026, apenas unos 30 mil servidores mantienen la condición de carrera, lo que equivale a menos del 4% del total de empleados públicos. Este dato revela un retroceso alarmante en la profesionalización del Estado. Lo que en su momento fue un logro histórico, se ha debilitado hasta convertirse en un régimen marginal frente a la discrecionalidad política.
La Carrera Administrativa Civil no es un simple mecanismo laboral; es un indicador de institucionalización democrática. Su reducción significa que el Estado dominicano ha perdido terreno en la construcción de un servicio público estable, ético y profesional.
Urge retomar la visión de un Estado moderno, donde el ingreso y la permanencia en la función pública dependan del mérito y no de la política coyuntural. La institucionalidad no puede ser sacrificada en el altar del clientelismo.
La historia reciente nos recuerda que sí es posible avanzar. El desafío actual es recuperar lo perdido y garantizar que la Carrera Administrativa Civil vuelva a ser el pilar de transparencia y profesionalización que la sociedad dominicana merece.
La sociedad dominicana merece un Estado moderno, donde el ingreso y la permanencia en la función pública dependan del mérito y no de coyunturas políticas. Recuperar la Carrera Administrativa Civil es recuperar la confianza en las instituciones y reafirmar el compromiso con la transparencia y la democracia.
