Por Jose Alberto Blanco
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) motivó a las organizaciones sociales, académicas y religiosas a llevar sus sugerencias para enriquecer el debate sobre el nuevo Código Penal.
Sin embargo, por la premura con que se manejó la aprobación, todo indica que esas propuestas no fueron tomadas en cuenta.
La sospecha es inevitable: se invitó a participar, pero al final las ideas fueron tiradas al zafacón. Esa actitud revela una práctica política peligrosa: se simula apertura, pero se gobierna con imposición.
Lo más preocupante es que este comportamiento no es un hecho aislado, sino una práctica repetida. Se legisla a toda velocidad, sin transparencia, sin debate real, y con un desprecio evidente hacia la pluralidad de voces que enriquecen la democracia.
El Congreso debería ser un espacio de construcción colectiva, pero lo que vimos fue un ejercicio de fuerza bruta. El PRM utilizó su mayoría mecánica para imponer un texto que carece de legitimidad social.
El resultado es un Código Penal que nace marcado por la exclusión y la desconfianza.El mensaje político es claro: el PRM gobierna con números, no con diálogo. Y cuando se legisla de espaldas a la sociedad, lo que se erosiona no es solo la calidad de las leyes, sino la confianza en la democracia misma.
«Un código penal impuesto sin consenso es un retroceso democrático.»
