El Pregonero, Santo Domingo.– El coronel retirado de la Policía Nacional, Armando Pérez Martínez, remitió una carta a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en la que expresa su preocupación por la permanencia prolongada de personas bajo prisión preventiva en cárceles de destacamentos policiales, situación que calificó como una grave distorsión del régimen legal de esa medida de coerción.
En la comunicación, fechada el 20 de julio de 2026, Pérez Martínez sostiene que, aunque la ley establece límites para la detención policial, en la práctica numerosos imputados permanecen durante meses e incluso cerca de un año en dependencias policiales, pese a que ya les fue impuesta prisión preventiva por un tribunal.
El oficial retirado argumenta que la ejecución de la prisión preventiva corresponde al sistema penitenciario nacional, entidad responsable de garantizar la custodia, alimentación, asistencia médica, seguridad y demás derechos de las personas privadas de libertad, y no a los destacamentos policiales, los cuales, asegura, no cuentan con las condiciones legales ni materiales para cumplir esa función.
Asimismo, advirtió que esta práctica expone a los internos a condiciones incompatibles con los estándares mínimos de tratamiento penitenciario y aumenta el riesgo de fugas, incidentes de seguridad y otros hechos que posteriormente son atribuidos a la Policía Nacional, aunque, según afirma, corresponden al ámbito de responsabilidad del sistema penitenciario.
Pérez Martínez también manifestó especial preocupación por los privados de libertad que no cuentan con apoyo familiar, indicando que muchos enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada y a condiciones mínimas de dignidad debido a su permanencia en instalaciones policiales.
En su carta, el coronel retirado solicita a la Procuraduría General de la República evaluar esta situación y adoptar las medidas administrativas e institucionales necesarias para garantizar que las personas bajo prisión preventiva sean trasladadas a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la legislación vigente y a los principios del Estado de derecho.
Carta completa:
Santo Domingo, República Dominicana
20 de julio de 2026
Licenciada Yeni Berenice Reynoso, Honorable Procuradora General de la República
Distinguida Magistrada:
Me dirijo a usted para expresar mi profunda preocupación por la persistencia de una práctica que, a mi juicio, constituye una grave distorsión del régimen legal de la prisión preventiva en la República Dominicana: la permanencia prolongada de imputados sujetos a medidas de coerción privativas de libertad en las cárceles de destacamentos policiales, por negligencia e irresponsabilidad de los actores judiciales competentes.
Si bien el ordenamiento jurídico limita la facultad de detención policial y dispone que toda persona arrestada debe ser puesta a disposición de la autoridad judicial dentro de los plazos establecidos por la ley, resulta contradictorio que, una vez impuesta la prisión preventiva, cientos de presos sean mantenidos por la justicia durante meses e incluso por períodos cercanos a un año en dependencias policiales que carecen de competencia legal y de condiciones materiales para servir como centros de cumplimiento de dicha medida.
La prisión preventiva debe ejecutarse bajo la administración y supervisión del sistema penitenciario nacional, órgano llamado a garantizar la custodia, alimentación, asistencia médica, seguridad y demás derechos inherentes a las personas privadas de libertad. La utilización prolongada de instalaciones policiales para estos fines no solo desnaturaliza el marco normativo vigente, sino que también expone a los internos a condiciones incompatibles con los estándares mínimos de tratamiento penitenciario y genera riesgos permanentes de fugas, incidentes de seguridad y otros hechos lamentables que terminan atribuyéndose a la Policía Nacional, pese a tratarse de responsabilidades propias del sistema penitenciario.
Particularmente preocupante resulta la situación de aquellos privados de libertad que carecen de respaldo familiar, quienes con frecuencia enfrentan serias limitaciones para acceder a una alimentación adecuada y a condiciones mínimas de dignidad humana, precisamente porque permanecen fuera de las estructuras institucionales concebidas para garantizar tales derechos.
Entiendo que esta realidad ha persistido durante años sin recibir la atención que amerita, pese a representar una práctica difícilmente compatible con los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales que deben regir la ejecución de toda medida privativa de libertad.
Por tales razones, respetuosamente solicito que esa Procuraduría examine esta situación y adopte las medidas administrativas e institucionales que resulten necesarias para garantizar que las personas sujetas a prisión preventiva sean trasladadas, no a las cárceles ordinarias de las dotaciones policiales, sino a los centros carcelarios correspondientes, conforme a las exigencias de la ley y a los principios que sustentan el Estado de Derecho.
Atentamente,
Armando Pérez Martínez
Coronel retirado de la Policía Nacional.
