Por Rosa Iris Luciano
El Pregonero, Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, se pronunció este lunes sobre el proyecto de Ley Orgánica sobre la Libertad de Expresión sometido recientemente por el Poder Ejecutivo, reconociendo sus avances, pero advirtiendo que contiene disposiciones que podrían poner en riesgo derechos fundamentales.
“La libertad de expresión es un pilar de toda democracia”, expresó Ulloa al compartir su análisis, señalando que, si bien el proyecto representa un paso hacia la modernización del marco legal, requiere mejoras sustanciales para evitar retrocesos en materia de derechos.
Entre los aspectos positivos, Ulloa destacó la prohibición de la censura previa, el reconocimiento del acceso a internet como un derecho, la protección al ejercicio periodístico y la inclusión de la perspectiva de niñez. Sin embargo, alertó que hay puntos críticos que deben ser corregidos.
Uno de los elementos más cuestionados es la creación del INACOM, un organismo con amplias facultades para regular medios, contenidos y plataformas, pero que estaría adscrito al Ministerio de Cultura. Ulloa planteó que un órgano con tanto poder debe contar con independencia real, o de lo contrario se convierte en un riesgo para la libertad.
También mostró preocupación por el artículo 65, que contempla la suspensión de transmisiones hasta por 90 días y multas de hasta 200 salarios mínimos por “infracciones graves”, sin definir con claridad qué constituye una infracción.
“Ambigüedad y discrecionalidad son una puerta abierta a la censura”.
Otra crítica del defensor se refiere a la exigencia de que plataformas digitales con más del 10% de usuarios dominicanos cuenten con representación legal en el país. Aunque reconoció que la intención es garantizar responsabilidad, advirtió que puede abrir la puerta a presiones indebidas sobre voces digitales.
Señaló la ausencia de criterios objetivos para la asignación de la publicidad estatal, lo que podría convertirse en una forma de censura indirecta.
“El presupuesto no puede ser un premio o castigo”.
Ulloa también cuestionó que el proyecto no haya sido construido con una participación amplia de periodistas, medios y gremios.
“Sin debate público, no hay legitimidad democrática”.
Finalmente, recordó que la Constitución y el Tribunal Constitucional establecen que toda sanción debe ser legal, necesaria y proporcional. Por ello, exhortó a que el proyecto se alinee con los principios constitucionales y se aleje de todo intento de control o silenciamiento.
“La República Dominicana merece una ley que modernice sin restringir, que eduque sin castigar y que defienda sin imponer, la libertad de expresión no se negocia, se garantiza”.
