@abrilpenaabreu
Desde El Pregonero hemos sostenido, incluso cuando resulta impopular, que el debido proceso no es selectivo ni negociable. Lo defendimos cuando miembros del PLD fueron sometidos por casos de corrupción, y lo hemos defendido también cuando se trata de ciudadanos sin padrinos, sin apellidos de peso ni “bolillos hondos” que los protejan. La coherencia no siempre es cómoda, pero es necesaria.
Fuimos —y no por vanidad, sino por rigor— de los primeros en advertir, incluso antes que el propio Estado, las graves debilidades del marco legal dominicano en materia de supervisión de obras de infraestructura pública y privada. Señalar esas fallas en medio del dolor, la indignación y la pérdida de vidas humanas no es una posición fácil. En contextos así, cualquier cosa que no sea “quemar en la hoguera” a los responsables suele interpretarse como complicidad. Aun así, insistimos: la justicia no puede construirse sobre el clamor, sino sobre la verdad.
También fuimos de los pocos medios que alertaron sobre un hecho inquietante: el traslado de los escombros del Jet Set hacia Santiago, sin que hasta hoy exista una explicación clara y pública de qué ocurrió con ese material clave para la investigación. Meses después, la sociedad dominicana sigue esperando el peritaje estatal que explique por qué colapsaron los techos, mientras el silencio oficial ha abierto la puerta a todo tipo de teorías, rumores y especulaciones.
Se nos dice que informar puede “entorpecer las investigaciones”. Sin embargo, el vacío informativo no protege la justicia: la debilita. La opacidad prolongada no apaga la conspiranoia; la alimenta.
La más reciente de esta cadena de tropiezos resulta especialmente incomprensible: la negativa —o la indiferencia— del tribunal ante la solicitud de la parte acusadora de realizar un peritaje externo e independiente. En un caso con tantas víctimas, ¿desde cuándo lo técnico sobra? ¿Desde cuándo más luz es un problema?
Aquí no hay una lógica jurídica convincente para el rechazo. Con sentencia o sin sentencia, los propietarios deberán resarcir civilmente a las víctimas, algo que ellos mismos han reconocido al afirmar que ya han llegado a acuerdos con alrededor del 70 % de los afectados. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cuál es el miedo?
Un peritaje externo no cambia el tipo penal de homicidio involuntario, no elimina responsabilidades ni impide indemnizaciones. Tampoco sustituye la función del juez. Lo único que hace es aportar claridad técnica, fortalecer la credibilidad del proceso y ofrecerle a la sociedad un cierre basado en hechos, no en sospechas.
La justicia dominicana no puede seguir actuando como si la desconfianza ciudadana fuera un problema ajeno. Cuando el Ministerio Público y los tribunales cierran filas frente a peticiones razonables, no protegen la institucionalidad: la erosionan.
No es mucho pedir que, en uno de los peores casos de la historia reciente del país, se cumpla cabalmente con el debido proceso y se permita la intervención de un tercero verdaderamente independiente. Mucho menos cuando ese paso no perjudica a las víctimas, no favorece a los imputados y no debilita la causa.
A veces, en la justicia dominicana, el exceso de torpeza termina produciendo exactamente lo que se dice querer evitar. Y como suele ocurrir, como dicen por ahí: «el mucho joder empreña» y como de costumbre con el poder judicial dominicano y la cacareada justicia sino que terminan poniendo un huevo de avestruz, aunque ahora montados en la quema de brujas no se vea.
