@abrilpenaabreu
En los últimos días de diciembre volvimos a ver —una vez más— a miembros de la Policía Nacional y de la Armada Dominicana involucrados en casos de feminicidios, homicidios y trifulcas que ponen seriamente en entredicho no solo la preparación de estos cuerpos, sino también la salud mental de parte de sus integrantes.
En Santiago, nuevamente una persona cayó abatida por un agente policial en un hecho confuso ocurrido en un colmadón. El agente está bajo custodia de las autoridades, pero eso no es consuelo para nadie. Una vez más, un protocolo adecuado brilló por su ausencia y alguien que debía estar hoy en su casa, con vida, terminó tres metros bajo tierra por un gatillo alegre.
En otro hecho aún más indignante, una jovencita perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un mayor que ignoró todas las normas habidas y por haber: portar un arma visible sin estar de servicio, consumir alcohol con ella encima, desplazarse en evidente estado de embriaguez y, para colmo, disparar de manera irresponsable. A eso se suma un elemento todavía más grave: el intento de desacreditar a la víctima. ¿Qué habría pasado si no se filtran los videos donde se le ve tambalearse, claramente ebrio? ¿Habría prosperado la versión del oficial?
De los feminicidios, mejor ni hablar. En 2024, entre un 15 % y un 18 % de los feminicidios fueron cometidos por militares o policías. Ese dato, por sí solo, debería encender todas las alarmas del Estado dominicano.
La pregunta es inevitable: ¿cada cuánto tiempo se realizan evaluaciones psicológicas a los miembros de estos organismos? ¿Existe una actualización periódica y obligatoria de los reglamentos internos y del uso progresivo de la fuerza? Porque a simple vista —y a fuerza de hechos— queda claro que hay un problema estructural de formación, control y salud mental al que no se le está prestando la debida atención.
En República Dominicana, pese a los discursos bonitos y los planes anunciados, la salud mental sigue siendo un tema relegado. Pero si hay un sector donde esa negligencia resulta imperdonable, es precisamente en aquellos que portan armas y tienen la responsabilidad de proteger vidas.
La ciudadanía ya no confía plenamente en la autoridad. Pero cuando, además de desconfianza, comienza a sentir miedo, entonces el problema es mucho más grave. Y sí: ahí estamos feos.
