Por Wendy Chevalier
Gobernar no es solo inaugurar obras, leer cifras en un hemiciclo o enumerar metas futuras. Gobernar también implica responder, y responder no únicamente con discursos extensos y promesas reiteradas, sino con consecuencias claras cuando el aparato estatal se ve envuelto, una y otra vez, en cuestionamientos, denuncias y escándalos que erosionan la confianza pública.
El presidente Luis Abinader presentó su rendición de cuentas describiendo un país en avance, con instituciones fortalecidas y una lucha firme contra la corrupción. Sin embargo, mientras el discurso dibuja estabilidad, en la conversación nacional persiste otra narrativa: más de cincuenta instituciones señaladas en distintos momentos por irregularidades, investigaciones mediáticas, conflictos administrativos y decisiones cuestionadas que no han producido consecuencias políticas proporcionales al ruido generado.
No se trata de un caso aislado, se trata de un error puntual, cuando los señalamientos se multiplican en áreas de salud, educación, asistencia social, infraestructura y manejo de fondos públicos, el debate deja de ser individual y se convierte en estructural, y cuando el problema es estructural, la responsabilidad también lo es.
Se citó el caso de SENASA como ejemplo de acción contra irregularidades, pero presentar un expediente como emblema de transparencia, en medio de decenas de cuestionamientos pendientes en otras instituciones incluyendo CASO JET SET, eso no despeja dudas: las concentra. La ciudadanía no evalúa la lucha contra la corrupción por un caso visible, sino por la consistencia del sistema completo.
Mientras tanto, el país enfrenta presión económica, endeudamiento creciente y servicios públicos que, en sectores sensibles como salud y educación, operan con limitaciones evidentes. La población no vive estadísticas; vive experiencias. Y cuando la experiencia cotidiana no coincide con la narrativa oficial, el problema no es comunicacional: es político.
En democracias consolidadas, la responsabilidad política no se limita al funcionario directamente implicado. La historia reciente lo demuestra. Presidentes como Alberto Fujimori o Luiz Inácio Lula da Silva enfrentaron procesos judiciales derivados de estructuras de poder que operaban bajo su administración. Más allá de los matices de cada caso, el principio es claro: el poder no es ajeno a lo que ocurre bajo su dirección.
Por eso la pregunta que hoy flota en el ambiente político dominicano es incómoda pero legítima: si los escándalos se repiten, si las investigaciones avanzan con lentitud y si la percepción de impunidad persiste, ¿quién asume la responsabilidad política?
¿El subordinado que ejecuta?
¿El sistema abstracto?
¿O quien dirige el sistema y designa a los responsables?
Decir que no se sabía nada no fortalece el liderazgo; lo debilita, porque en el ejercicio del poder, no saber es tan grave como saber y no actuar con firmeza estructural.
El país no necesita discursos más largos ni narrativas más optimistas. Necesita coherencia entre palabra y consecuencia. Necesita señales claras de que la justicia no es selectiva y de que la responsabilidad no se diluye en cambios administrativos.
Porque gobernar no es solo administrar logros.
Gobernar también implica responder.
Y responder, en política, significa asumir el costo cuando la confianza pública comienza a agotarse.
