@abrilpenaabreu
Hay instituciones cuya misión es tan delicada que no admiten excusas. Cuando fallan, no se pierden trámites ni expedientes: se ponen en riesgo vidas. Y eso es exactamente lo que revelan varios casos recientes vinculados al Conani, todos ocurridos en un período sorprendentemente corto y con un hilo conductor imposible de ignorar: la inoperancia.
Una madre policía denuncia que un vehículo rotulado como perteneciente a CONANI se presentó en la escuela de su hija a la hora de salida, exigiendo llevarse a la menor sin orden judicial ni protocolo verificable, bajo la amenaza implícita de que la niña sería retirada si no se “probaba” la maternidad. El desenlace no fue trágico por una sola razón: la madre estaba armada. ¿Qué habría ocurrido en cualquier otro escenario?
En otro caso, un padre lleva meses esperando el acta de defunción de su hija, fallecida mientras estaba bajo custodia estatal. Antes de eso, CONANI se negó incluso a evaluar si él o la abuela cumplían con los requisitos para la guarda. La menor murió en manos del Estado y, hasta hoy, no hay respuestas claras ni responsabilidades asumidas.
Un tercer padre denunció que su hija estaba siendo agredida por su madre con apenas semanas de nacida. La menor terminó en cuidados intensivos luego de ser devuelta a la madre biológica, pese a las advertencias. Tampoco aquí hubo reacción oportuna.
No se trata de hechos aislados. Basta una revisión mínima de casos documentados en medios para constatar que los problemas se repiten: falta de protocolos claros, decisiones discrecionales, lentitud extrema y una alarmante ausencia de rendición de cuentas.
Es cierto que CONANI arrastra limitaciones presupuestarias. Pero no todo es dinero. La ausencia de protocolos públicos —especialmente para escuelas, centros educativos y padres— es una falla estructural. Tampoco puede justificarse que, ante una denuncia de posible suplantación de autoridad, la respuesta institucional sea un simple post en redes sociales, sin anuncio de investigación conjunta con la Procuraduría ni coordinación visible con la Policía Nacional.
En un país golpeado por casos de desapariciones y violencia intrafamiliar, la infancia no puede depender de comunicados estéticos ni de silencios administrativos. La protección de niños, niñas y adolescentes exige rigor, transparencia y capacidad operativa real.
La prensa cumple su rol cuando incomoda. Lo que resulta inadmisible es que una institución creada para proteger a los más vulnerables no pueda decir lo mismo.
