En República Dominicana, el caos no solo es parte del paisaje: se ha vuelto una forma de vida. El tapón diario, la fila sin orden, el papeleo eterno, la ley que nadie aplica, el operativo sin protocolo, el ruido sin control, la promesa que nunca llega. Y frente a todo eso, una respuesta que parece universal: “eso se resuelve”.
Pero no se resuelve. Solo se parchea. Solo se esquiva. Solo se sobrevive.
Hemos construido, generación tras generación, una peligrosa cultura de resignación donde la desorganización no indigna: se normaliza.
Peor aún, hemos glorificado el “tigueraje” como si fuera sinónimo de inteligencia. Ser el que se cuela, el que se escapa de pagar, el que le da la vuelta a la ley. Pero eso no es astucia, es síntoma de una sociedad que dejó de creer que el sistema puede funcionar para todos.
Y así, mientras el desorden se mantiene como lenguaje común, reformar el país se vuelve casi imposible. Porque cada intento de orden se interpreta como abuso, cada intento de control como persecución, cada intento de aplicar la ley como “injusticia selectiva”.
No porque no hagan falta reglas, sino porque durante demasiado tiempo las reglas solo se han aplicado a los que no tienen padrino.
Esto no es una crítica a la ciudadanía desde un pedestal. Todo lo contrario: es una autopsia moral a un sistema que empujó a la gente a improvisar para sobrevivir. Un país sin planificación, sin pedagogía cívica, sin consecuencias claras, termina fabricando ciudadanos funcionalmente desconectados del deber colectivo.
Si no rompemos con esta cultura del desorden que se disfraza de “viveza”, seguiremos siendo un país que se aplaude por resolver lo que nunca debió romperse, mientras el verdadero progreso —el de la institucionalidad, la equidad y la previsibilidad— se queda esperando en un semáforo sin funcionar.
