@abrilpenaabreu
La revelación de que CONANI había intervenido desde septiembre de 2025 el centro clandestino de Haina no constituye una defensa para la institución. Es, por el contrario, la confirmación de una irresponsabilidad mucho mayor.
CONANI sabía que allí mantenían menores sin autorización, los retiró, los devolvió a sus familiares y aparentemente dio el caso por resuelto. Pero ¿quién investigó por qué esas familias habían entregado a sus hijos a un desconocido? ¿Quién comprobó que los niños quedaron realmente protegidos después de devolverlos? ¿Quién les dio seguimiento? ¿Quién verificó que no fueran enviados nuevamente al mismo lugar o a otro parecido?
Un niño no queda protegido simplemente porque sea entregado a sus padres, la condición de padre o madre no constituye automáticamente una garantía cuando esa misma familia permitió que el menor terminara bajo la custodia de una supuesta fundación ilegal. Antes de devolverlos, correspondía evaluar cada hogar, determinar las circunstancias de la entrega y establecer un seguimiento individual.
CONANI asumió, sin garantías visibles, que las familias cuidarían adecuadamente a los menores, asumió que el Ministerio Público cumpliría con su responsabilidad, asumió que una advertencia bastaría para que el supuesto pastor dejara de recibir niños y asumió que un establecimiento clandestino, conocido por las autoridades, desaparecería por obediencia espontánea.
Demasiadas suposiciones tratándose de la vida y la integridad de niños vulnerables. La función de CONANI no era comunicar el caso y lavarse las manos, como órgano rector del sistema de protección, tenía el deber de coordinar, supervisar y dar seguimiento. Si el Ministerio Público no actuaba, debía reclamar su actuación. Si el centro continuaba operando, debía denunciarlo nuevamente y exigir su cierre. Si los menores regresaban con sus familias, debía comprobar que permanecieran en condiciones seguras.
Nada de eso puede sustituirse con una advertencia verbal o escrita, un año después, el establecimiento seguía funcionando y albergando menores. No fue el sistema de protección el que descubrió lo que ocurría. Fue un niño de 12 años, presuntamente golpeado, quemado, privado de alimentos y obligado a trabajar, quien tuvo que escapar y acudir a la Policía para salvarse y provocar el rescate de los demás.
Ese niño hizo el trabajo que las instituciones dejaron incompleto. Ahora CONANI debe constituirse en querellante y, cuando jurídicamente corresponda, en actor civil; aportar las evaluaciones de las víctimas y exigir consecuencias. Pero también debe rendir cuentas. Tiene que mostrar el expediente de la primera intervención, identificar a los funcionarios responsables del seguimiento y explicar por qué no detectó que el lugar seguía operando.
Aquí no basta con investigar al supuesto pastor. También debe investigarse la cadena de negligencias institucionales que permitió que esto continuara.
CONANI sabía. El Ministerio Público fue advertido. El centro siguió abierto. Y los niños quedaron nuevamente a merced de los adultos.
Eso no fue falta de información. Fue abandono institucional.
