@abrilpenaabreu
La detección de hasta 5,000 afiliaciones irregulares mensuales por parte de la Tesorería de la Seguridad Social no puede tratarse como una simple anomalía administrativa.
El esquema incluye ciudadanos registrados en nóminas de empresas y ayuntamientos donde aseguran nunca haber trabajado ni prestado servicios. Si estas denuncias se comprueban, estaríamos ante una práctica capaz de combinar suplantación de identidad, falsificación de información laboral, manipulación de nóminas y posibles fraudes contra el sistema de seguridad social.
La dimensión del problema obliga a preguntar quiénes se benefician y por qué los mecanismos de control no logran impedir que miles de registros irregulares sean introducidos cada mes.
El sistema no puede conformarse con detectar y eliminar las afiliaciones. Debe identificar a los responsables. La TSS, la Dirección General de Impuestos Internos, la Contraloría, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público deben cruzar sus informaciones para determinar cuáles empresas y ayuntamientos aparecen de manera recurrente, quiénes autorizaron los registros y qué beneficios económicos o administrativos procuraban obtener.
También resulta indispensable proteger al ciudadano. Toda persona debería recibir una notificación inmediata cuando sea incluida en una nómina o afiliada por un nuevo empleador. Una alerta sencilla permitiría detectar el fraude antes de que provoque consecuencias fiscales, laborales o previsionales.
Aparecer registrado como empleado de una institución donde nunca se trabajó puede afectar la cobertura de salud, el historial de cotizaciones, los impuestos, el acceso a subsidios y futuras reclamaciones laborales. No se trata únicamente de números introducidos incorrectamente en una plataforma.
Detrás de cada afiliación irregular existe una identidad utilizada sin autorización. Las empresas y entidades públicas reincidentes deben ser auditadas, sancionadas y, cuando existan indicios dedelito, sometidas a la justicia. La impunidad convertiría la capacidad de detección de la TSS en un mecanismo estadístico sin consecuencias reales.
Si el sistema encuentra miles de irregularidades todos los meses, el fraude no puede continuar tratándose como una excepción. Estamos ante una vulnerabilidad estructural que exige controles automáticos, transparencia y responsabilidades concretas.
La seguridad social se sostiene con la confianza de trabajadores y empleadores. Permitir que identidades ajenas sean utilizadas para fabricar relaciones laborales falsas amenaza esa confianza y perjudica a quienes cumplen con la ley.
Detectar el problema es apenas el primer paso. El país necesita saber quiénes lo están haciendo y cuándo comenzarán a responder por ello.
