Por Abril Peña
Las grandes transformaciones políticas rara vez comienzan con un discurso, generalmente comienzan con una imagen, la caída del Muro de Berlín.
Los aviones impactando las Torres Gemelas, las interminables columnas de refugiados cruzando Europa en 2015 y ahora, miles de personas atravesando en cuestión de horas una de las fronteras más sensibles de la Unión Europea.
Lo ocurrido en Ceuta no es únicamente una crisis migratoria, es un acontecimiento que obliga a replantear cómo Europa entiende sus fronteras, su política de asilo y, sobre todo, la relación de confianza entre los ciudadanos y el Estado. Una ciudad desbordada
Existe un detalle que muchas personas desconocen. Ceuta pertenece a España y, por tanto, a la Unión Europea. Sin embargo, está situada en el norte de África y comparte apenas ocho kilómetros de frontera terrestre con Marruecos.
Es una de las puertas de entrada más importantes entre África y Europa, la ciudad tiene alrededor de 85,000 habitantes. Cuando en pocas horas ingresan más de 50,000 personas, el problema deja de ser exclusivamente migratorio.
Se convierte en una crisis logística, ninguna ciudad del mundo puede absorber de inmediato una población equivalente a más de la mitad de sus habitantes sin que sus servicios públicos sufran una presión extraordinaria: Hospitales, Centros de acogida, Distribución de alimentos, Agua potable, Seguridad, Transporte. Todo entra en tensión.
Ese dato, por sí solo, explica buena parte del impacto que ha tenido la crisis. No hace falta convertir a los migrantes en culpables colectivos para reconocer una realidad evidente: ningún Estado está preparado para absorber semejante volumen de personas en tan poco tiempo.
La gran pregunta: ¿qué ocurrió en la frontera? La cuestión que hoy domina el debate europeo no es únicamente cuántas personas cruzaron, es cómo pudieron hacerlo.
Hasta el momento no existe una explicación oficial definitiva, sin embargo, numerosos videos difundidos en redes sociales muestran escenas en las que grupos de migrantes avanzan mientras agentes marroquíes no realizan una intervención visible para impedir el paso.
Esas imágenes, por sí solas, no permiten concluir que existiera una orden deliberada de abrir la frontera, pero sí alimentan las preguntas y esas preguntas no surgen en el vacío.
En 2021 ocurrió una crisis muy similar, entonces, España acusó públicamente a Marruecos de haber relajado los controles fronterizos en medio de una grave crisis diplomática relacionada con la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Cinco años después, vuelve a producirse una entrada masiva y reaparecen las mismas dudas, a ello se suma otro elemento que algunos analistas han puesto sobre la mesa: las recientes tensiones energéticas entre España, Marruecos y Argelia. No existe evidencia pública que permita afirmar que exista una relación directa entre esos acontecimientos y la crisis de Ceuta. Pero en geopolítica el contexto importa. Cuando varios intereses estratégicos coinciden en el tiempo, es razonable analizarlos, aunque no sea posible establecer una relación causal.
Cuando la migración también se convierte en geopolítica, durante décadas, la inmigración fue analizada principalmente desde una perspectiva humanitaria, hoy esa visión resulta insuficiente.
Cada vez más gobiernos consideran que los flujos migratorios pueden ser utilizados también como herramientas de presión política, ya ocurrió en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, también en la relación entre Turquía y la Unión Europea.
Y las sospechas que vuelven a surgir en torno a Ceuta demuestran hasta qué punto la migración ha pasado a formar parte del tablero geopolítico. No significa que todas las crisis respondan a una estrategia deliberada. Significa que los movimientos masivos de población ya no pueden analizarse únicamente desde la óptica humanitaria.
También forman parte de la seguridad nacional y de la política exterior.
Europa cambia de paradigma La crisis de Ceuta tampoco puede entenderse aislada de lo ocurrido durante la última década.
Desde la gran ola migratoria de 2015, la Unión Europea ha ido endureciendo progresivamente sus políticas.
Ha reforzado Frontex, firmado acuerdos con terceros países para contener las salidas, ha reformado su sistema de asilo y recientemente aprobó un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo para acelerar los controles en las fronteras exteriores y distribuir mejor las responsabilidades entre los Estados miembros.
Incluso gobiernos tradicionalmente favorables a políticas más abiertas han terminado reconociendo que la capacidad de integración también tiene límites, la discusión ya no gira únicamente en torno a cuántas personas pueden entrar, también cómo integrarlas sin poner bajo una presión insostenible a las instituciones públicas y a la cohesión social.
Aquí ha aparecido el aspecto más delicado de toda esta crisis, los ciudadanos aceptan pagar impuestos, cumplir las leyes y delegar el uso de la fuerza en el Estado porque esperan que éste garantice determinadas funciones esenciales.
Entre ellas, proteger las fronteras, mantener el orden público y administrar de manera razonable los recursos colectivos. Cuando una parte importante de la población percibe que ese equilibrio comienza a romperse, cambia también su comportamiento político.
No necesariamente porque rechace la inmigración, sino porque siente que el Estado ha perdido capacidad para gestionarla y cuando esa percepción se instala, la confianza institucional comienza a deteriorarse.
La dimensión política tampoco puede ignorarse, la crisis llega en un momento especialmente complejo para el Gobierno de Pedro Sánchez, marcado por un clima de fuerte polarización y por investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno político.
En un contexto así, cualquier crisis adquiere una dimensión mayor. Porque la ciudadanía no evalúa únicamente los hechos. También evalúa la credibilidad del gobierno que debe responder a ellos.
Las crisis también cambian el significado de los discursos. En los últimos días se han vuelto virales declaraciones pronunciadas meses atrás por Irene Montero sobre el papel político que podrían desempeñar los inmigrantes en España.
Algo curioso sucedió, en todo este berenjenal, un hecho que muestra el poder de las palabras: para bien o para mal. un video de Irene Montero que pedía a los migrantes ayudarlos a expulsar a fachas, racistas etc., y que se nacionalizaran para que votasen y ayudasen a expulsarlos de España, Esas palabras fueron realizadas en un contexto distinto. Sin embargo, hoy están siendo utilizadas por sus adversarios como símbolo de una política migratoria que consideran agotada. Más allá de la intención original de aquellas declaraciones, el episodio deja una enseñanza para toda la clase política.
Las palabras sobreviven mucho más que el contexto en que fueron pronunciadas y en sociedades profundamente polarizadas, una crisis puede convertir viejos discursos en nuevas armas políticas.
Ceuta tampoco termina en Ceuta.
El espacio Schengen funciona sobre una premisa básica: la confianza entre los Estados miembros para proteger conjuntamente las fronteras exteriores. Cuando esa confianza se resquebraja, aparecen reacciones en cadena.
Italia ya anunció medidas extraordinarias de control respecto a los movimientos procedentes de España, y otros gobiernos europeos han reclamado un endurecimiento de la vigilancia fronteriza. No porque cuestionen únicamente a España.
Sino porque entienden que una falla en una frontera exterior afecta potencialmente a todo el espacio europeo, la lección Uno de los mayores errores sería reducir esta crisis a un enfrentamiento entre quienes defienden una inmigración abierta y quienes proponen cerrar completamente las fronteras.
La realidad nunca ha sido tan simple. Europa necesita inmigración en muchos sectores de su economía. Pero también necesita que esa inmigración sea compatible con su capacidad institucional, su cohesión social y la confianza de sus ciudadanos. Ignorar cualquiera de esas variables solo fortalece los extremos.
Ceuta probablemente será recordada como algo más que una crisis fronteriza, puede convertirse en el momento en que Europa terminó de comprender que la inmigración dejó de ser únicamente un desafío humanitario para convertirse también en un desafío geopolítico, institucional y democrático.
Las sociedades pueden integrar miles de personas, lo que difícilmente integran es la sensación de que el Estado ha perdido el control y cuando esa percepción se instala, el debate deja de ser únicamente sobre inmigración.
Pasa a ser sobre la capacidad misma del Estado para cumplir una de sus funciones más básicas: proteger sus fronteras, garantizar el orden y preservar la confianza de quienes viven bajo su jurisdicción.
Quizá esa sea la verdadera historia de Ceuta. No la de una frontera que fue sobrepasada durante unas horas.
Sino la de un continente que comienza a preguntarse si el modelo migratorio que construyó durante décadas sigue siendo sostenible frente a los desafíos del siglo XXI.
