@abrilpenaabreu
La decisión judicial en el caso del pelotero Wander Franco ha provocado un fuerte debate nacional, no solo por el perfil del acusado, sino por el mensaje social que muchos entienden deja la sentencia.
El tribunal declaró penalmente responsable al jugador por abuso sexual y psicológico contra una adolescente, pero le otorgó un perdón judicial. La madre de la menor, en cambio, fue condenada a prisión por su participación en el caso. El Ministerio Público ya anunció que apelará la decisión.
Y es precisamente ahí donde surge la discusión pública: ¿qué lectura recibe una sociedad como la dominicana, marcada por altos niveles de embarazo adolescente, relaciones desiguales entre adultos y menores, y una cultura que durante años normalizó que hombres adultos “criaran” jovencitas?
Porque más allá del expediente judicial, el caso toca fibras sociales profundas.
República Dominicana lleva años intentando combatir problemáticas como las uniones tempranas y la explotación sexual de menores, fenómenos que organismos internacionales y sectores sociales han señalado repetidamente. En ese contexto, el hecho de que una figura pública, con recursos económicos y reconocimiento internacional, reciba un perdón judicial luego de ser declarado responsable penalmente inevitablemente genera preguntas sobre igualdad ante la ley.
No se trata de negar responsabilidades compartidas dentro del caso ni de ignorar las acusaciones contra la madre de la adolescente. Pero para una parte importante de la opinión pública, resulta difícil no preguntarse si el trato hubiese sido el mismo de tratarse de un ciudadano común sin fama, contratos millonarios ni estatus deportivo.
Y ahí aparece el verdadero problema: la percepción.
Porque la justicia no solo castiga o absuelve. También comunica valores. También construye confianza o desconfianza institucional. También envía señales sobre qué conductas un país realmente considera inaceptables.
La discusión de fondo no es únicamente Wander Franco. Es la sensación creciente de que en República Dominicana ciertos sectores parecen recibir un margen de comprensión social y judicial que otros jamás tendrían.
Y en un país donde cada año se denuncian cientos de casos de violencia sexual contra menores, donde todavía persisten prácticas culturales peligrosamente normalizadas y donde mayo volvió a estar marcado por feminicidios, agresiones y debates sobre violencia de género, el impacto simbólico de decisiones como esta termina siendo mucho mayor que el de un simple expediente judicial.
Porque al final, los tribunales emiten sentencias. Pero las sociedades interpretan mensajes.
