La semana pasada, la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que modifica el artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) (5994) para permitir que Wellington Arnaud pueda ser su director ejecutivo, una mala señal a la institucionalidad de un gobierno que recientemente inicia su gestión.
Los dominicanos votaron por Luis Abinader, porque representaba el cambio y modificar una ley para imponer a un funcionario no puede ser parte del cambio, más bien, es un retroceso a la institucionalidad.
Este fin de semana, el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno, justificaron la modificación de la ley, argumentando la capacidad gerencial y política de Wellington Arnaud. Una irresponsabilidad de marca mayor de esa organización política y del gobierno, cuando en el PRM hay miles de ingenieros con capacidad de administrar y hacer el trabajo en INAPA.
Peor aún, desperdiciar una carrera política de Wellington Arnaud, que puede ser un relevo natural del PRM en un futuro no muy lejano.
Si desean modificar la ley, se puede hacer, pero en la circunstancia que lo están haciendo, no es correcta ni ética. Eso contradice el acuerdo de ética firmado por el presidente y sus funcionarios.
Hay varias leyes que necesitan de su modificación, incluyendo la de INAPA, pero eso se debe de hacer luego, no ahora para imponer un funcionario. No se ve bien, no es correcto.
A Wellington Arnaud no le conviene insistir en ser director de INAPA, pues, lo que comienza mal, termina peor. Que acepte otro cargo, hasta que la ley se modifique con el tiempo necesario y no a la brevedad como él quiere.