Por Rosa Iris Luciano
El Pregonero, Santo Domingo – La jurista Carmen Imbert Brugal expresó su preocupación por los anuncios del Gobierno sobre un mayor control a los comercios de propietarios chinos en la República Dominicana, al considerar que las autoridades debieron ejercer su labor de supervisión desde el momento en que esos establecimientos comenzaron a operar.
Imbert Brugal cuestionó que las medidas se impulsen ahora, cuando muchos de esos negocios cuentan con años de funcionamiento y fueron levantados con grandes infraestructuras.
“Me preocupa que el presidente ahora decida que va a controlar los negocios de los orientales, de los chinos. La pregunta es: ¿nadie se percató cuando se levantaban esos enormes inmuebles? ¿Quién les otorgó los permisos?”.
La jurista sostuvo que, si esos establecimientos fueron autorizados para operar, corresponde identificar qué instituciones aprobaron los permisos y supervisaron su instalación, en lugar de plantear medidas de cierre o mayores controles una vez que ya están en funcionamiento.
Cuestionó el rol de las entidades responsables de la fiscalización comercial y aduanera, al señalar que las autoridades también deben explicar cómo se realizaron los procesos de importación y operación de esos negocios.
“¿Quién recibía y recibe los furgones? ¿Quién entra y compra y compite? Ahora es que van a controlar, ahora es que van a cerrar. Eso es un absurdo jurídico”.
Imbert Brugal indicó que cualquier actuación del Estado debe respetar el debido proceso y la seguridad jurídica, al tiempo que llamó a revisar las responsabilidades institucionales relacionadas con la autorización y supervisión de estos establecimientos.
