ElPregoneroRD-Distrito Nacional.- Según auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en la Alcaldía de Nagua se identificaron supuestas irregularidades por valor de RD$691,636,880 , correspondientes al período 2016–2021 encabezado por el alcalde Junior Peralta. El informe revela un amplio conjunto de violaciones administrativas y financieras que podrían implicar responsabilidad penal y civil de varios funcionarios municipales, según la auditoría.
Entre los hallazgos más significativos figuran:
Pagos de nómina a empleados sin evidencias de labor realizada, incluyendo pensionados activos en nómina fija y empleados que figuraban también en otras instituciones del Estado.
Gastos de representación y asignaciones de combustible por encima de los límites legales.
Desembolsos sin soportes completos, adquisiciones sin registro y contratos de obras sin licitación, así como pagos a proveedores sin Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).
Ejecución de obras sin planificación ni estudios básicos, ausencia de pólizas de vicios ocultos y adendas contractuales que exceden los límites establecidos por ley.
Emisión de cheques a nombre del alcalde y préstamos no autorizados por la Dirección General de Crédito Público.
De acuerdo con el análisis jurídico del documento, estas prácticas podrían encuadrarse en figuras como malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental, coalición de funcionarios y enriquecimiento ilícito, según lo establecido en el Código Penal y la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
La auditoría identifica como posibles involucrados al alcalde municipal, el tesorero, el encargado de recursos humanos, el contralor interno y el encargado de obras públicas, así como proveedores y contratistas que habrían participado en operaciones irregulares.
El informe concluyó que los hallazgos “evidencian deficiencias graves en la gestión administrativa, presupuestaria y de control del Ayuntamiento de Nagua” y que los hechos “podrían configurar infracciones penales de acción pública y responsabilidades civiles por daño al Estado”.
Las autoridades competentes deberán determinar, a través del debido proceso, la existencia de dolo o colusión entre los funcionarios involucrados.
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