POR JUAN CRUZ TRIFFOLIO
Sociólogo – Comunicador Dominicano
En medio de las acentuadas críticas por la militarización y redadas policiales en las escuelas el polémico presidente Nayib Bukele promete el 8% del PIB para educación pública en El Salvador.
De entrada, se trata de un compromiso noble y ejemplarizador que, además, marcaría un precedente formidable a nivel latinoamericano.
Una inversión económica superior a los tres mil millones de dólares al año, significa el triple de lo que invirtieron los gobiernos anteriores.
Aparentemente, en interés de imprimirle a su promesa un sello de transparencia, el joven mandatario resalta que su Gobierno publicaría el desglose detallado del presupuesto, permitiendo a cualquier opositor, periodista y curioso medir su aplicación.
En consecuencia, se deduce que tanto en la forma que se realizaría el incremento, cómo en el monto a ser designado y la manera en que será fiscalizada su aplicación, lo anunciado parecerá totalmente distinto a lo ocurrido con el 4 por ciento para el sector educativo que hace unos años fue cacareado en la República Dominicana, con resultados de ineficiencias inaceptables.
Vale también destacar que el expresivo gobernante salvadoreño prometió que repartirá unas 30 mil becas sin importar que la oposición asimile la nueva política estatal como una especie de baño de masas al dar a conocer su ofrecimiento frente a unos 50.000 estudiantes de secundaria.
De igual modo, poco ha impactado que el sector de la oposición gubernamental, encabezada por Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública, haya considerado que el cumplimiento de lo referido requerirá “un milagro económico” porque supuestamente carece de viabilidad financiera.
Bukele insiste, con aparente fundamento, en que El Salvador pasará a ser “el país que más invierte en educación de Latinoamérica”, promete las puertas abiertas de la universidad y ha trasladado a los centros escolares la política de mano dura que caracteriza su gestión, cimentada en la militarización y el control policial, obviando los clamores externados por sus adversarios.
En el último año, el aguerrido y locuaz mandatario salvadoreño nombró al frente del Ministerio de Educación a Karla Trigueros, una militar de carrera, procediendo de inmediato a eliminar los contenidos de equidad de género, impuso un régimen disciplinario castrense de corte de pelo, restablecimiento de la higiene personal y la disciplina en los planteles educativos, al tiempo que avaló las incursiones policiales que en algunas ocasiones ha derivado en la detención de decenas de estudiantes.
En pocas palabras, entre sus primeras medidas, la ministra Trigueros estableció normas de disciplina militar: cabello corto, uniforme impecable y la obligatoriedad de modales estrictos.
También se impuso un sistema de faltas: si un joven acumula 15 faltas en un año, reprueba de inmediato, independientemente de sus calificaciones.
Como resultado del nuevo modelo educativo puesto vigencia por la gestión gubernamental encabezada por Nayib Bukele, en junio de 2025, la Fiscalía y la Policía realizaron redadas simultáneas en cuatro institutos de bachillerato y arrestaron a 48 estudiantes (34 adultos y 14 menores), señalados de intentar conformar una nueva estructura criminal llamada “La Raza”.
Como parecía esperarse, la oposición no perdió tiempo ni energía en aprovechar la situación para hacer sentir retumbar sus tambores de protesta, sólo que sin lograr cristalizar sus reales propósitos.
No hay dudas de que El Salvador está viviendo una novedosa experiencia en el área educativa, agridulce, con sus altas y bajas, tal como ha ocurrido con su sistema penitenciario, pero, sin dejar de ser interesante como respuesta a realidades sociales que urgen ser sometidas, al igual que en otros países de la región, a un verdadero proceso de reingeniería.
Dejemos el tiempo discurrir, sin las clarinadas propias del pesimismo y ya veremos lo que realmente acontece.
No desesperéis…
