
El Pregonero, Santo Domingo.- En franca violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC), que dirige Bartolomé Pujals, adjudicó un contrato superior a los 295 millones de pesos por alquiler de un local inexistente en Punta Cana a una empresa cuyo beneficiario final es el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla.
Un reportaje presentado en el programa Toda la Verdad, conducido por la periodista Odalis Castillo y transmitido los domingos a las 8:00 de la noche por VTV, canal 32, detalla cómo el contrato fue adjudicado a Jacinto Badui Howley-Dumit Serulle, quien no era propietario del local, ya que el fideicomiso Velero At Punta Cana se lo había alquilado por 20 años con opción a compra.
El equipo de investigación indagó sobre el proyecto Velero At Punta Cana y descubrió que el título de propiedad está a nombre del Fideicomiso Inmobiliario y Garantía para el Desarrollo de Proyecto Velero At Punta Cana.
Además, que este fideicomiso tenía en el año 2019 como gerente de las empresas fideicomitentes a Carlos Alberto Bonilla Sánchez, actual ministro de la Vivienda, luego a José Ricardo Mercado Sánchez, pero mantuvo como beneficiario a Carlos Alberto Bonilla Sánchez, según modificaciones del contrato del año 2021.
El equipo de investigación indagó sobre el proyecto Velero At Punta Cana y descubrió que el título de propiedad está a nombre del Fideicomiso Inmobiliario y Garantía para el Desarrollo de Proyecto Velero At Punta Cana.
Además, que este fideicomiso tenía en el año 2019 como gerente de las empresas fideicomitentes a Carlos Alberto Bonilla Sánchez, actual ministro de la Vivienda, luego a José Ricardo Mercado Sánchez, pero mantuvo como beneficiario a Carlos Alberto Bonilla Sánchez, según modificaciones del contrato del año 2021.
De recuerda, que en diciembre del 2023, Bartolomé Pujals, violó la Ley de Compras y Contrataciones Públicas con contrato de RD$309,396,000.00 millones de pesos con la empresa HEALTH GORILA DR, SRL, como única oferente con un producto que la ofrecen varias empresas locales e internacionales. Luego la licitación fue suspendida tras ser denunciada en El Pregonero.