Por Kelvin Ortiz Faña
El Pregonero, Santo Domingo.– El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, destacó que la propuesta de reforma a la Ley 47-20, depositada por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República, busca agilizar la estructuración y adjudicación de proyectos, fortalecer la capacidad técnica del Estado y preservar los principios de transparencia, competencia y protección del interés público.
En un artículo de opinión titulado “Las APP en el Senado de la República”, publicado en El Pregonero, Lugo Risk explicó que la iniciativa es producto de la experiencia acumulada durante los primeros años de aplicación de la legislación y de un proceso de diálogo, revisión técnica y concertación con distintos sectores.
El funcionario recordó que, tras asumir la dirección de la DGAPP en 2025, recibió del presidente Luis Abinader la encomienda de trabajar para que los proyectos bajo el esquema de alianzas público-privadas pudieran materializarse con mayor rapidez, fluidez y eficiencia.
Según explicó, la Ley 47-20 estableció un marco integral basado en transparencia, libre competencia, responsabilidad fiscal, distribución adecuada de riesgos, rendición de cuentas y protección del interés público. Sin embargo, la experiencia práctica permitió identificar oportunidades de mejora en los tiempos de preparación y adjudicación, la estructuración de proyectos y el financiamiento de los estudios técnicos necesarios.
Procedimientos más ágiles
Entre los principales cambios planteados se encuentra la posibilidad de establecer procedimientos diferenciados de acuerdo con la dimensión y complejidad de cada iniciativa.
Lugo Risk señaló que una infraestructura de gran escala y con importantes compromisos fiscales no necesariamente debe someterse al mismo procedimiento que un proyecto de menor complejidad técnica o financiera.
La propuesta contempla, además, alternativas para aquellos procesos competitivos en los que finalmente permanezca una sola oferta válida. Bajo determinadas condiciones establecidas previamente en los documentos de licitación, el Estado podría adjudicar, cancelar el procedimiento o procurar mejores condiciones mediante una negociación con el oferente restante.
El objetivo, según plantea el director de la DGAPP, es eliminar rigideces administrativas que no agregan valor, sin sacrificar los estudios necesarios, la competencia, la transparencia ni los controles destinados a proteger los recursos públicos.
Fondo para preparar proyectos
Otro de los componentes destacados es la propuesta de creación de un Fondo Especializado para la Preparación de Proyectos de Alianzas Público-Privadas, destinado a financiar estudios de preinversión, consultorías y trabajos técnicos.
Lugo Risk explicó que el mecanismo tendría carácter revolvente. Cuando un proyecto financiado total o parcialmente con esos recursos sea adjudicado, el adjudicatario deberá reembolsar los costos correspondientes, permitiendo utilizar nuevamente esos fondos en la preparación de otras iniciativas.
El director ejecutivo sostuvo que la preparación constituye una etapa fundamental para determinar la viabilidad técnica, económica, financiera, jurídica, ambiental y social de cada proyecto antes de acudir al mercado.
Optimización de activos públicos
La reforma incorpora igualmente una figura orientada a la optimización de activos públicos. De acuerdo con Lugo Risk, esta herramienta permitiría utilizar inversión y conocimiento del sector privado para rehabilitar, modernizar, ampliar, operar o aprovechar con mayor eficiencia infraestructuras, terrenos, hoteles y otros bienes estatales, manteniendo la propiedad pública.
Asimismo, la propuesta busca fortalecer la capacidad de la DGAPP para estructurar iniciativas públicas y establece la necesidad de que las instituciones que desarrollen proyectos bajo esta modalidad dispongan de personal capacitado para acompañarlos durante todo su ciclo de vida.
Lugo Risk subrayó que los contratos APP pueden extenderse durante décadas, por lo que la responsabilidad estatal no concluye con la adjudicación o firma, sino que comprende la fiscalización del cumplimiento, la calidad de los servicios, los niveles de desempeño y la gestión de los riesgos.
El funcionario sostuvo que la reforma no pretende sustituir el marco creado en 2020, sino evolucionarlo a partir de la experiencia acumulada y conservar aquellos elementos que han permitido el reconocimiento internacional de la institucionalidad dominicana en esta materia.
Con el proyecto ya depositado en el Senado, corresponderá ahora al Congreso Nacional estudiarlo, debatirlo y eventualmente introducir modificaciones durante el proceso legislativo.
Lugo Risk concluyó que las alianzas público-privadas no constituyen una solución aplicable a todos los proyectos, sino una herramienta que debe utilizarse cuando demuestre capacidad para generar valor para el Estado y la sociedad.
“Eso es, en esencia, lo que perseguimos con esta reforma: preservar lo que ha funcionado, corregir lo que la experiencia nos ha enseñado que puede mejorar y dotar al Estado dominicano de mejores herramientas para transformar necesidades públicas en proyectos que generen desarrollo, empleo, inversión y bienestar colectivo”, expresó.
