@abrilpenaabreu
En República Dominicana, un menor puede estar en riesgo hoy… aunque viva en un hogar estable.
Las cifras no admiten eufemismos, pero tampoco cuentan toda la historia. En 2025, el país registró más de 2,300 denuncias por seducción y abuso de menores, el nivel más alto de la última década. Sin embargo, esos números no reflejan la magnitud real del problema: reflejan apenas lo que se denuncia. Y en una sociedad donde el miedo, la vergüenza y la normalización siguen pesando más que la denuncia, es evidente que los casos reales son muchos más.
Pero hay un cambio aún más preocupante: esto ya no es solo un problema de pobreza. Durante años se asoció este delito a entornos vulnerables, donde la precariedad económica abría la puerta a relaciones desiguales. Y esa realidad sigue existiendo. Pero hoy, con el auge de las redes sociales y el fenómeno del grooming, cualquier niño o adolescente —sin importar su nivel socioeconómico— puede convertirse en presa.
Los depredadores ya no necesitan cercanía física. Operan desde una pantalla, construyen confianza, manipulan emociones y acceden a menores sin intermediarios. Lo hacen en silencio, en espacios donde los adultos muchas veces no entran… o han decidido no mirar.
Eso amplía el problema, lo vuelve más complejo y sobre todo, más peligroso.
Aun así, hay una verdad incómoda que no se puede ignorar: en ciertos contextos, la pobreza sigue empujando decisiones que perpetúan el abuso. Familias que, por necesidad o por una visión distorsionada de “progreso”, terminan validando o tolerando relaciones entre menores y adultos con poder económico. Se vende como oportunidad, pero es una condena.
Porque lo que sigue es predecible: embarazo adolescente, abandono escolar, dependencia económica y un ciclo que se repite. No es una salida de la pobreza, es su reproducción.
El problema, entonces, tiene múltiples raíces: culturales, económicas y ahora también digitales y mientras tanto, la sociedad sigue reaccionando tarde.
Se habla cuando el caso estalla. Se condena cuando hay escándalo. Pero en lo cotidiano, se trivializa, se justifica o se ignora. Ese silencio —social, familiar e institucional— sigue siendo el mejor aliado de los agresores.
Por eso, la respuesta no puede limitarse al castigo penal. Hace falta prevención real. Educación sexual y emocional sin tabúes. Supervisión activa —no abandono digital— por parte de los padres. Y una intervención más firme del Estado en las zonas donde este fenómeno se ha normalizado peligrosamente.
Proteger no es invadir, es asumir responsabilidad, porque cuando una sociedad empieza a justificar el abuso como una salida, deja de estar en peligro… y empieza a ser parte del problema.
