Milton Ray Guevara, aún siendo presidente del Tribunal Constitucional, lo dijo sin rodeos: “En República Dominicana, ni el sector público ni el privado obedecen las sentencias”. Y no lo decía en teoría. Lo decía con amargura, con la impotencia de quien ha visto cómo funcionarios, militares y hasta ciudadanos desobedecen lo que dictan los tribunales… porque, simple y llanamente, la justicia en este país no tiene cómo hacerse cumplir.
Esta semana, un nuevo episodio lo confirma. La Alcaldía pierde, por cuarta vez, el mismo caso en los tribunales. Catorce años de desobediencia sistemática. Ya no les queda a dónde apelar. ¿Y entonces? ¿Habrá consecuencias? Lo dudo.
Porque, al parecer, el Trujillito lo llevamos todos dentro. Pero la diferencia es que hay quienes tienen poder para imponer su capricho. Y esos no son “todos”, son los de siempre.
Las sentencias laborales perdidas por el Estado podrían bien usarse de papel sanitario. Las astreintes —esas multas por incumplir órdenes judiciales— se acumulan impunemente, pero los funcionarios las ignoran sin pudor. Después de todo, ese dinero no sale de sus bolsillos, sale del tuyo, del mío, del del pueblo. Y como no les duele, no les importa.
Así, lo que empezó como una deuda de dos pesos, termina en mil. ¿Y quién responde? Nadie. Para colmo, cuando por fin el afectado gana, debe negociar con el Estado —¡con el Estado que perdió!— si no quiere que lo manden a la deuda pública o lo condenen al olvido.
Porque aquí pelear con el Estado, aun teniendo la razón, es el pleito del huevo contra la piedra.
¿Y el Poder Judicial? Ese que debería poner en su sitio a los otros dos poderes, no es un poder, es una entelequia. Ciega no es, porque ve muy bien a quién le sirve. Pero lenta, costosa, arbitraria y muchas veces ausente, sí lo es. Cuando funciona, te agota. Y cuando no, te vence por cansancio.
Hasta que un día la gente se canse. Se canse de buscar justicia. Y volvamos al ojo por ojo y al diente por diente. Porque donde no hay justicia, lo que crece es la rabia.
