República Dominicana tiene todo el derecho del mundo de deportar a cualquier extranjero en situación irregular. Pero ese derecho no está por encima de la dignidad humana ni de los compromisos internacionales que hemos firmado como nación.
El reciente caso de la ciudadana estadounidense fallecida bajo custodia de la Dirección General de Migración nos deja más preguntas que respuestas. Ver el video donde aparece durmiendo en el suelo junto a hombres, hacinada, sin atención médica, en condiciones que duraron —según denuncias— al menos un mes, es una vergüenza nacional.
Leer luego el comunicado de Migración, donde se admite que al momento de su detención ya presentaba signos de deterioro mental, hace aún más doloroso el hecho de que no se haya activado ningún protocolo de salud mental, ni de protección especial. ¿Era eso lo más humano que podíamos ofrecerle? ¿Por qué no fue llevada a una unidad de atención psiquiátrica? ¿Nadie en todo ese tiempo identificó su nacionalidad?
Tampoco es un caso aislado. Las imágenes de ciudadanos haitianos —hombres, mujeres,— tirados como sardinas en el suelo, sin camas, sin privacidad, sin garantías mínimas, retratan un sistema migratorio que prioriza la fuerza por encima de la dignidad. ¿De verdad el Estado dominicano no puede garantizar una colchoneta, agua potable o un baño digno?
Aún si estas personas hubiesen cometido un delito —que no lo es estar indocumentado— los derechos humanos no se suspenden. No estamos pidiendo lujos. Pedimos humanidad. Nadie merece morir en una celda, mucho menos bajo el resguardo del Estado.
Que los vientos políticos del norte hoy nos sean favorables no significa que debamos renunciar a los principios básicos que nos definen como sociedad. Hoy es una mujer estadounidense. Mañana puede ser cualquier otro.
Urge revisar y afinar los protocolos. Porque el deber de defender la soberanía no puede estar reñido con la obligación de respetar la vida y la dignidad humana.
