La libertad de expresión no puede legislarse como si estuviéramos en 1990. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que parece proponer el nuevo proyecto de ley que pretende regular la expresión pública en República Dominicana.
Este proyecto fue construido por una comisión cuyos integrantes —si bien son respetables en sus trayectorias— no representan al ecosistema digital dominicano.
Y esto es fundamental: la ley apunta directamente a regular los contenidos, flujos y dinámicas del mundo digital, pero no convocó a ninguno de sus actores.
Una ley que busca ordenar el discurso público no puede partir de la exclusión de quienes lo protagonizan.
El mundo digital: el gran ausente
En el ecosistema actual, los medios digitales no son un complemento: son el frente de batalla informativo. Son quienes rompen el cerco del silencio, quienes llegan donde la prensa tradicional no se atreve, y muchas veces, quienes denuncian lo que otros callan y seamos honestos la mayoría de las denuncias, escándalos y hasta conquistas de un tiempo para acá han salido precisamente de este mundo.
Y sin embargo, este proyecto de ley:
No reconoce sus realidades ni sus dinámicas. No los menciona como actores válidos. Pero sí los incluye como posibles responsables solidarios, incluso cuando no tienen control directo sobre lo que otros publican en sus plataformas.
Llega al punto de definir donde deben vivir los directivos de los medios.
En otras palabras: somos invisibles para ser escuchados, pero perfectamente válidos para ser sancionados.
¿Qué propone esta ley? Una amenaza disfrazada de regulación
Tras revisar el contenido, desde El Pregonero advertimos los siguientes peligros:
Ambigüedad en conceptos clave No se define con claridad qué es una “noticia falsa” ni cómo se determinará. ¿Quién decide? ¿Con qué criterios? ¿Con qué consecuencias?
Responsabilidad solidaria injusta, el proyecto establece que un medio o plataforma puede ser responsable por lo que diga un tercero, aunque no lo haya publicado, validado ni autorizado. Esto atenta directamente contra la libertad editorial y tecnológica.
Concentración de poder en el Ministerio Público Se otorgan facultades excesivas al MP sin controles judiciales adecuados. En manos equivocadas, eso es una licencia para perseguir, no para proteger.
Criminalización del error o del disenso Penas de prisión y multas desproporcionadas por expresar opiniones, compartir información que luego se considera falsa o afectar el “honor” sin definición clara.
Falta de garantías para medios pequeños o ciudadanos Los medios digitales, muchas veces independientes y con recursos limitados, quedarían expuestos a sanciones imposibles de afrontar, incentivando el cierre, la autocensura o el exilio digital.
Una ley legítima nace del diálogo, no del miedo
Cualquier intento serio de regular el discurso público debe partir del reconocimiento de todas las voces, incluyendo las nuevas formas de comunicar: medios digitales, plataformas ciudadanas, periodistas independientes, creadores de contenido y comunicadores emergentes.
Una legislación legítima debe garantizar tres cosas:
Libertad para informar sin miedo.
Protección frente a la difamación con dolo. Equilibrio entre el poder del Estado y el poder de la sociedad civil.
Pero este proyecto hace exactamente lo contrario. Nace de una visión centralista, vertical y desconectada del presente. No busca proteger la libertad, ni la verdad: busca controlar lo que no puede entender.
Nuestra posición: libertad con responsabilidad, sí. Censura institucionalizada, no.
Desde El Pregonero lo decimos con claridad:
No defendemos el libertinaje. No amparamos la difamación. Pero no aceptamos ser excluidos del debate y luego incluidos en el castigo.
Una ley de libertad de expresión debe modernizarse, sí. Pero no para retroceder, sino para avanzar. No para concentrar poder, sino para abrir caminos. No para castigar más, sino para garantizar mejor.
En una democracia real, el periodismo no debe pedir permiso. Y la ley no debe escribirse para silenciar, sino para proteger.
Todo lo demás… es censura legalizada.
