Por Mateo Evangelista Espaillat
Se conoce que un 84.5% de las viviendas de República Dominicana cuenta con acceso a agua de uso doméstico, un hecho que genera en muchos hogares la creencia de que existe una seguridad permanente para acceder al servicio de agua proveniente de las tuberías. Sabemos que el agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo económico de los Estados, sin embargo, no se presta debida atención a las cuencas responsables de producir agua.
Actualmente existe una deficiencia institucional para la gestión del agua, así como la ausencia de tecnologías adecuadas para su aprovechamiento, por ello, es urgente la delimitación de planes de restauración y ordenamiento de las cuencas hidrográficas como principal enfoque. Las sequías producidas por el cambio climático no se detendrán, y como nación no somos la excepción; por lo que las acciones para gestionar adecuadamente el uso del agua debe ser la prioridad del Estado Dominicano.
En el Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua 2021-2036, se reconoce la urgente necesidad de la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional, con enfoque en el diseño de planes de conservación, restauración y reparación de ecosistemas hídricos. El río Yaque del Norte, el Ozama, la Isabela, Yuna, Soco, han sido algunas de las cuencas priorizadas, pero de estas, el Yaque del Norte es la que presenta el mayor déficit hídrico.
El uso excesivo del agua, especialmente para consumo humano y producción agrícola es uno de los principales problemas que han llevado al Yaque a este déficit. Según los datos del Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo en el estudio ‘‘Radiografía del agua en República Dominicana (MEPyD, 2021) ’’, la demanda de agua de esta cuenca alcanza el 119% de la oferta. Aproximadamente 2 millones de personas dependen de manera directa o indirecta de los recursos hídricos del Yaque. Con sus afluentes, se estima que se irrigan alrededor de 1,320.000 tareas de tierra en zonas de cultivo desde Santiago hasta Montecristi.
La necesidad es evidente y esto debe llevarnos a reflexionar: ¿son nuestros recursos ilimitados?, ¿se ha previsto un plan a largo plazo para velar por su conservación por encima de las necesidades humanas? A pesar de existir estudios sobre cómo se han visto afectados los sistemas hídricos de esta región hidrográfica, especialmente los que conforman la cuenca del Río Yaque del Norte, el país aún no puede afirmar que exista un plan con suficiente estructura para garantizar la conservación de los recursos naturales que conforman esta región. Se estima que desde 1970 hasta la fecha, el Yaque del Norte ha perdido más del 70% de su caudal.
La provisión de agua para el cultivo es uno de los problemas actuales de la cuenca, porque los sistemas de riego son deficientes. Se estima que entre el 70% – 80% del agua que se utiliza para cultivos se desperdicia. A su vez, la deforestación en la cuenca alta debido a la tendencia al monocultivo, ha impactado negativamente el caudal del Yaque, especialmente en las zonas donde se encuentran la mayor cantidad de asentamientos humanos y producción industrial.
Estos datos evidencian que para lograr contar con un Plan Hidrológico Nacional funcional, el Estado deberá priorizar el establecimiento de líneas base que sirvan para delimitar los problemas particulares y comunes de cada cuenca, priorizando la cuenca del río Yaque del Norte entre sus planes, por ser la que mayor déficit hídrico presenta.
Como legislador considero que es esencial la delimitación de un marco jurídico adecuado para la gestión del agua en el país. Con la reciente aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, hemos dado un paso importante, pero es urgente que desde el Gobierno y el Congreso trabajemos de manera conjunta para la aprobación del Proyecto de Ley de Aguas de la República Dominicana. Dicha ley propone mejorar el sistema de gobernanza de las cuencas y delimitar funciones claras a cada organismo vinculado a este sector, de manera que se evite la duplicidad de funciones que ha burocratizado el acceso al agua y que significa un cargo económico para el Estado.
En conclusión, reconocemos que las acciones evidenciadas a través de la Mesa Temática del Agua reflejan el compromiso del Gobierno para mejorar la gestión del agua como derecho y recurso económico. Este compromiso debe convertirse en acciones puntuales que vinculen a los ciudadanos, los usuarios, y el Estado de manera que no se quede, como muchos otros, en papel e ideas bien escritas, sino que asegure en el tiempo la conservación del recurso hídrico en favor de las presentes y futuras generaciones.
