Por Isidro Gil, abogado y docente de Derecho Penal Especial II**
Confieso que observo con cierta sorpresa el entusiasmo que ha despertado la reciente querella presentada contra el actual director de la Policía Nacional. No porque cuestione el derecho de cualquier ciudadano a acudir a los tribunales cuando entiende que existe una responsabilidad que debe investigarse, sino porque inevitablemente surge una pregunta que muchos dominicanos parecen hacerse en voz baja: ¿por qué ahora sí y antes no?
La discusión sobre las muertes ocurridas en intervenciones policiales no comenzó ayer. Tampoco es un fenómeno exclusivo de la presente gestión. Durante años, las estadísticas difundidas por diversos medios de comunicación reflejaron cifras alarmantes de fallecimientos vinculados a actuaciones policiales sin que se produjera una movilización jurídica o mediática proporcional al tamaño del problema.
Si revisamos los números conocidos por la opinión pública, encontraremos que entre 2005 y 2011, durante los gobiernos de Leonel Fernández, se registraron alrededor de 2,427 muertes vinculadas a actuaciones policiales. Eso equivale a un promedio cercano a 347 muertes por año, prácticamente una por día. Posteriormente, entre 2013 y 2019, durante los gobiernos de Danilo Medina, se reportaron unas 1,144 muertes, para un promedio de aproximadamente 163 anuales.
Son cifras demasiado serias para ignorarlas y demasiado dolorosas para reducirlas a simples estadísticas.
Por eso me pregunto: ¿dónde estaban entonces las querellas? ¿Cuántos directores generales de la Policía fueron llevados ante los tribunales por esas cifras? ¿Cuántos expedientes se construyeron contra altos mandos policiales bajo la teoría de responsabilidad que hoy se intenta impulsar?
Y la pregunta adquiere todavía más relevancia cuando nos recordamos la cercanía de algunos de esos colegas Jean Alain Rodríguez, quien ocupó la Procuraduría General de la República durante una parte importante de ese período. Resultaría interesante conocer cuántas investigaciones de alto nivel promovió su gestión respecto de las muertes ocurridas durante operativos policiales y cuántos mandos fueron efectivamente sometidos a la acción de la justicia.
No se trata de descalificar una querella por quién la presenta. Tampoco de impedir que se investigue a ningún funcionario público. Todo lo contrario. Si existen razones jurídicas para investigar, que se investigue. Pero la sociedad también tiene derecho a exigir coherencia.
Porque la defensa de los derechos humanos pierde fuerza cuando parece activarse selectivamente. Cuando se guarda silencio frente a miles de muertes durante años y luego se descubre una repentina vocación garantista dependiendo de quién se encuentre al frente de las instituciones.
Las víctimas merecen justicia siempre, no solamente cuando resultan útiles para una estrategia política, mediática o personal. El dolor de una familia que perdió a un ser querido en 2008 no vale menos que el dolor de otra que lo perdió en 2026. La dignidad humana no cambia con los gobiernos ni con los ciclos electorales.
Quizás por eso la pregunta sigue resultando incómoda, pero necesaria: si durante años ocurrieron miles de muertes atribuidas a actuaciones policiales, ¿por qué no vimos el mismo fervor judicial de hoy? ¿Por qué el silencio de entonces contrasta con la indignación actual?
La justicia, para ser creíble, tiene que medir con la misma vara a todos. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un instrumento de conveniencia y no en una auténtica búsqueda de verdad y responsabilidad.
Y cuando eso ocurre, las querellas dejan de parecer un reclamo genuino de justicia para comenzar a parecer simples herramientas de oportunidad política.
