Video: Lo que dice Chanel Rosa Chupany a los cuestionamientos de la licitación pública para hacer frente al COVID-19
Numerosos cuestionamientos se han realizado a la licitación pública presentada por Servicio Nacional de Salud (SNS) para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, debido a las adjudicaciones millonarias hechas a empresas que no cumplen con los requisitos necesarios para su participación y el sobreprecio de los productos ofertados.
Uno de los aspectos más escandalosos lo constituye la adjudicación por RD$ 1,515,702,682.83 a la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen, SRL.
La empresa domiciliada en la avenida Gustavo Mejía Ricart número 120, Edificio Ana, en el apartamento 3-B, del Ensanche Piantini, llamó la atención por los precios de los insumos ofertados, que en ocasiones superan ampliamente el costo del mercado.
A pesar de poseer sólo un capital social autorizado de RD$ 100 mil, la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen, SRL, participó en la licitación de emergencia presentada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Esta sería la beneficiaria de la mayor tajada de los RD$ 2,879 millones comprometidos para la adquisición de productos médicos.
Representada por Efrain Santiago Báez Fajardo y José Andrés Familia, la empresa ofreció insumos como mascarillas a RD$ 64 la unidad (RD$ 69,199, 507.00 por 1,079,000 mascarillas), mientras que en el mercado las mismas cuestan, según algunos suplidores, hasta RD$ 58 pesos.
La empresa Tools & Resources Enterprises Toreen, SRL ha sido beneficiaria de multimillonarios contratos otorgados por el Estado, entre ellos la construcción de la carretera Nagua-Cabrera en el 2012 por casi RD$ 1,000 millones y el equipamiento del hospital Morillo King de La Vega, por un monto de RD$ 658,398,734.
Otras como la mascarilla N95, que actualmente cuesta entre los RD$ 350 y RD$ 410, fue ofertada a RD$ 454 pesos por cada una de las 539,500 ofrecidas por la compañía.
Sin embargo, no fue la única que ofreció productos a un costo mucho mayor del actual. Otras de las 16 empresas presentaron precios que quedaron muy lejos del mercado en diferentes productos.
Ejemplo de esto es la compañía First Medical Depot By Guzman, SRL, que por la misma mascarilla fijó un precio de RD$ 501.50, o la Veras Agramonte Investments, SRL, cuyo monto global fue de RD$ 1,003,000.00 por mil unidades, es decir, RD$ 1,003 por cada una.
Asimismo, termómetros infrarrojos tipo hospitalario por valor de RD$ 5 mil pesos la unidad, cuando el precio del mercado que oscila entre los RD$ 1,600 y RD$ 3,468.
Sobre el costo de los insumos y la discrepancia en los precios del mercado, el director del Sistema Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany, aseguró que la misma se debe al incremento de los precios debido a la especulación creada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
«No podemos comparar los precios del mercado con los precios actuales de esos productos», dijo el funcionario durante una entrevista realizada este viernes 3 por el periodista Juan Bolívar Díaz, para los programas Uno Mas Uno y El Día.
Rosa Chupany sostuvo que no conoce ninguna de las empresas y que les fueron adjudicados, a los precios que ellos indicaron, aunque admitió que muchas de ellas aprovechan esta circunstancia para aumentar los precios. También lamentó la falta de participación de las empresas de zona franca que se dedican a la producción de mascarillas, así como otros productos, las cuales no habrían concursado porque conocían cuáles serían las empresas favorecidas por los miembros de la comisión de licitación.
El funcionario se defendió como un servidor público probo y dijo que desearía una investigación independiente, porque los cuestionamientos van dirigidos a él como firmante del acta de designación de las empresas, aclarando que los miembros de la comisión que seleccionó las empresas son tanto o más serios que él.
Además de los sobreprecios, tres empresas (Veras Agramonte Investments, SRL; Tools & Resources Enterprises Toreen y Gedco Inversuply, SRL), no contaban con Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado. Sobre esto, en lugar de impedirle la participación en la licitación, según lo establece la ley de Compras y Contrataciones, se les recomendó actualizar su estatus.
Por Samuel Tapia | A
