@abrilpenaabreu
Habla muy mal de una sociedad cuando, para intentar lograr condenas contra supuestos corruptos, termina premiando o dejando en libertad a alguien acusado de conductas moralmente aberrantes. Eso, en parte, es el sabor agridulce que deja el caso Coral.
La supuesta victoria —porque seguirá siendo supuesta hasta que exista una condena definitiva y firme— se construyó, en gran medida, sobre la delación premiada de Girón. Un hombre sobre quien pesan señalamientos gravísimos, y de quien salieron a relucir conversaciones profundamente perturbadoras, incluyendo acusaciones relacionadas con menores de edad.
En un país con instituciones realmente fuertes, el éxito de una investigación no debería depender exclusivamente de “agarrar mangos bajitos” o negociar con personajes cuestionables para sostener un caso. Debería existir suficiente capacidad investigativa, financiera y forense para construir expedientes sólidos sin que la ciudadanía tenga la sensación de que, para castigar un delito, hubo que mirar hacia otro lado frente a otro aún más indignante.
Y sí, sé que muchos dirán: “era necesario para desmontar una estructura”. Tal vez. Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿qué mensaje recibe la sociedad cuando alguien señalado por hechos tan graves termina sonriendo mientras otros pagan el precio?
Quizás por eso el triunfo sabe amargo. Porque en un país donde tantas víctimas de abuso no encuentran justicia, donde violadores son liberados, donde mujeres siguen siendo asesinadas y donde niñas terminan embarazadas sin que casi nadie se obsesione por encontrar al responsable, es difícil celebrar sin reservas.
Una victoria institucional que deja dudas éticas nunca se siente completa.
