Por Elvin Castillo
En el debate sobre el sistema de pensiones en República Dominicana, se ha vuelto insostenible seguir justificando un modelo que castiga a los trabajadores, enriquece a las AFP y deja en la incertidumbre a millones de personas que cotizan durante toda su vida sin garantías de una vejez digna. El modelo dominicano de capitalización individual no solo es inequitativo: es abusivo. Y lo es aún más si lo comparamos con los avances que han dado otros países de América Latina.
Desde que fue instaurado en 2003, el sistema dominicano ha obligado a los trabajadores formales a cotizar un porcentaje de su salario a cuentas individuales administradas por AFP privadas. Estas entidades, sin asumir riesgo alguno, cobran comisiones anuales, aunque el rendimiento de los fondos sea bajo o incluso negativo.
Mientras tanto, los trabajadores enfrentan condiciones estrictas para poder pensionarse: deben haber cumplido la edad legal (60 o 65 años) y haber cotizado durante al menos 360 meses. De lo contrario, no acceden a una pensión vitalicia, sino a un retiro único de sus fondos acumulados, si es que existe saldo suficiente.
Este modelo es insostenible en términos de justicia social. El Estado ha renunciado a su rol como garante de derechos y ha dejado a los ciudadanos atrapados en un esquema en el que aportan toda su vida sin tener la certeza de recibir ni siquiera el 30 % de su último salario. Peor aún, más del 55 % de la población activa está en la informalidad, lo que significa que ni siquiera tiene acceso al sistema. Es decir, el modelo no solo es desigual, también es excluyente.
Llama la atención que frente a esta situación, el propio superintendente de pensiones, Francisco Torres, se comporte más como un vocero de las AFP que como un árbitro justo en un sistema en crisis. Sus declaraciones y posicionamientos públicos suelen estar alineados con los intereses de las administradoras privadas, en lugar de cuestionar sus excesivas ganancias o exigir mecanismos que protejan a los trabajadores. En todo caso, el rol de la Superintendencia debería estar en el centro del debate, o incluso más cerca de quienes aportan y no de quienes se benefician del capital acumulado. Esa parcialidad institucional no solo es peligrosa, sino también inaceptable en un país que clama por mayor equidad.
Cuando comparamos esta realidad con otros países de la región que adoptaron modelos similares, el contraste es alarmante. Chile, que fue el laboratorio original de este esquema, ya ha reconocido sus fallas estructurales y ha comenzado a desmontarlo. En 2022, implementó la Pensión Garantizada Universal (PGU), que otorga una pensión base de más de 250 dólares a todos los adultos mayores, hayan o no cotizado. México, por su parte, aprobó en 2020 una reforma que eleva progresivamente la tasa de aportes y reduce las semanas mínimas de cotización, al tiempo que garantiza una pensión mínima ajustada por inflación.
Colombia y Perú, aunque aún arrastran deficiencias, permiten a sus ciudadanos optar entre un sistema público de reparto y uno privado de capitalización. En República Dominicana, el trabajador no tiene alternativa. Está atrapado. Las AFP, por su lado, han obtenido más de RD$18,700 millones en utilidades netas entre 2020 y 2024, mientras reparten más de RD$10,000 millones en dividendos a sus accionistas. ¿Y los trabajadores? Reciben proyecciones de pensiones que, en su mayoría, no alcanzan ni para cubrir la canasta básica.
Resulta evidente que este modelo no está diseñado para garantizar derechos, sino para proteger los intereses del sector financiero. La ausencia de una pensión mínima universal, la falta de mecanismos de solidaridad intergeneracional, y la inexistencia de alternativas para los trabajadores hacen del sistema dominicano uno de los más regresivos de América Latina.
Es hora de que enfrentemos este problema con la seriedad que merece. No basta con administrar mejor el sistema actual: hay que reformarlo profundamente. Necesitamos un modelo mixto, solidario, con participación estatal y garantías mínimas para todos. Porque la vejez no puede ser un castigo, ni la jubilación un privilegio. Debe ser un derecho.
