@abrilpenaabreu
Es peligroso cuando una sociedad llega al punto de aplaudir la muerte de los delincuentes, incluso en aquellos casos en los que resulta difícil creer que el llamado “intercambio de disparos” cuenta toda la historia.
Es peligroso porque significa que el hartazgo, el miedo y la impotencia han terminado por romper la paciencia social. Que una parte de la ciudadanía ya no espera arrestos, procesos judiciales y condenas: quiere resultados inmediatos.
Pero también es peligroso el extremo contrario. Es peligroso cuando los delincuentes comienzan a sentirse dueños de las calles, cuando pierden el temor a las consecuencias y se rompe ese delicado equilibrio que permite que una sociedad funcione. Porque cuando la autoridad deja de ser respetada y la ley deja de ser suficiente, aparece la ley del más fuerte.
Y aunque a veces parezca lo contrario, el Estado siempre es más fuerte, precisamente por eso debe tener límites. El peligro comienza cuando la Policía que hoy recibe aplausos por “limpiar las calles” pierde el prurito, descubre que una parte importante de la sociedad está dispuesta a justificar casi cualquier cosa en nombre de la seguridad y algunos de sus miembros comienzan a creer que pueden decidir quién merece llegar vivo ante un juez.
Peor todavía sería que esa permisividad termine abriendo espacio para ambiciones personales, ajustes de cuentas, corrupción o para que miembros de la propia institución acaben convirtiéndose en parte del problema que debían combatir.
Y todavía ni siquiera hemos entrado en el enorme debate jurídico que todo esto implica: debido proceso, presunción de inocencia, uso proporcional de la fuerza, investigaciones independientes y responsabilidad del Estado.
Porque aquí caben dos verdades al mismo tiempo: Una sociedad no puede resignarse a vivir secuestrada por la delincuencia. Pero tampoco puede entregar a la Policía el poder de sustituir a los tribunales.
El delincuente debe saber que delinquir tiene consecuencias y que el Estado tiene la capacidad y la determinación para perseguirlo, arrestarlo y llevarlo ante la justicia. Y el ciudadano debe tener la certeza de que esa misma fuerza del Estado está sometida a reglas.
Cuando comenzamos a considerar normal que la muerte sea parte de la política de seguridad, entramos en un terreno muy difícil de abandonar.
Y cuando una sociedad llega al punto de decir “no importa cómo ocurrió, uno menos”, hay que preguntarse qué tuvo que pasar para que llegáramos hasta ahí, ese es quizás el verdadero indicador de alarma. Estamos acercándonos a un punto de no retorno, estamos caminando por el borde y P rocuremos no caer por el precipicio.
