Por Rosa Iris Luciano
En los últimos meses, la República Dominicana ha sido estremecida por hechos que hielan la sangre: padres y madres que, en un acto de desesperación y desconexión emocional, han decidido arrebatarles la vida a sus hijos y, en muchos casos, quitarse la suya también. Casos aislados que ya comienzan a convertirse en un patrón doloroso y que deberían encender las alarmas de toda una sociedad.
Detrás de cada una de estas tragedias hay un denominador común: la salud mental desatendida. El país se encuentra en medio de una crisis silenciosa que no recibe la atención suficiente ni de las autoridades ni de la misma ciudadanía. Vivimos en una sociedad donde hablar de depresión, ansiedad o pensamientos suicidas aún es visto como un tabú, y donde los servicios de salud mental son limitados, caros o, en muchos casos, inexistentes.
Las aseguradoras no contemplan tratamientos psicológicos ni psiquiátricos con la cobertura necesaria, mientras los hospitales públicos carecen de programas sólidos para la prevención. Y mientras tanto, el dominicano de a pie vive atrapado entre deudas, desempleo, violencia y falta de apoyo comunitario. Esa mezcla tóxica desemboca en episodios de locura y desesperanza que hoy vemos reflejados en crímenes atroces cometidos dentro del núcleo más sagrado: la familia.
No se trata solo de individuos que “perdieron la cabeza”, sino de un espejo que refleja la enfermedad social que hemos preferido ignorar. Una sociedad donde el ruido ahoga el diálogo, donde el dolor se esconde detrás de sonrisas en las redes sociales y donde las políticas públicas parecen llegar tarde o nunca.
La Biblia lo advirtió claramente: “Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” (Mateo 24:7,12). Vivimos tiempos en los que, como dice otro pasaje, “los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos” (Marcos 13:12).
Hoy lo vemos de manera literal: familias destruidas, niños inocentes que se convierten en víctimas de quienes debieron protegerlos. Y un Estado que todavía no asume la salud mental como prioridad nacional.
La pregunta obligada es: ¿cuántos niños más deben morir? ¿Cuántas familias más deben ser arrasadas por el dolor para que entendamos que la salud mental es tan importante como la física? Hablar, educar, prevenir y garantizar acceso a tratamientos ya no es una opción, es una urgencia nacional.
El silencio cuesta vidas. Y en este país ya hemos guardado demasiado silencio.
