Una democracia que nos cuesta cara

Luis matias economista

Entre 2020 y 2025, el Estado dominicano ha entregado a los partidos políticos más de RD$14,000 millones de pesos del erario público, a través de la Junta Central Electoral. Todo esto ocurre mientras el Gobierno cierra cada año con gastos que superan sus ingresos, forzándolo a endeudarse para cubrir el déficit. La pregunta que pocos se atreven a hacer en voz alta es esta: ¿tiene sentido ese sacrificio, si ni siquiera alcanza para gasto de las campañas?

La Ley 20-23 de Régimen Electoral es clara: el Estado debe destinar el 0.5% de los ingresos nacionales en años de elecciones generales y el 0.25% en años ordinarios para financiar a los partidos políticos. Ese mandato legal, administrado por la JCE, se traduce en los siguientes montos durante los últimos 5 años:

Fuente: JCE, DIGEPRES.

El año 2024 marcó un hito sin precedentes: 5,041 millones de pesos, cuatro veces más que en 2023, convirtiendo ese ciclo electoral en el más costoso para el contribuyente en toda la historia democrática del país. Solo cuatro partidos el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD recibieron 1,008 millones de pesos cada uno, mientras los quince partidos más pequeños se repartieron apenas 26 millones entre todos.

Aquí está la paradoja que pocos análisis se atreven a señalar con claridad: el Estado dominicano no reparte este dinero porque le sobra. Lo reparte porque la ley lo obliga, aunque sus ingresos no alcancen para cubrir sus gastos.

En el año 2024, el Gobierno recaudó RD$1,211,581 millones en ingresos, pero gastó RD$1,429,336 millones. El resultado: un déficit fiscal de RD$217,754 millones, equivalente al 2.9% del PIB. Para cubrir ese hueco, el Estado tuvo que recurrir a financiamiento externo e interno por más de RD$320,899 millones.

A eso hay que sumarle que el solo pago de intereses de la deuda pública en 2024 ascendió a RD$258,813 millones, equivalente al 3.5% del PIB, más que el propio déficit.

En septiembre del 2023 la deuda pública consolidada de la República Dominicana rondaba los 73,121 millones de dólares, es decir que cada peso que sale del presupuesto para los partidos es, en la práctica, un peso financiado con deuda.

Dicho de otro modo; el país paga más en intereses de lo que le cuesta el déficit fiscal. Y, aun así, en ese contexto de estrechez, el Estado entrega miles de millones a estructuras partidarias que, como veremos, no los necesitan realmente para competir.

Si la justificación del financiamiento público es garantizar que los partidos puedan competir en condiciones mínimas de equidad, los números lo desmienten, el subsidio estatal no solo es insuficiente para cubrir los costos reales de una campaña dominicana es, en muchos casos, irrelevante frente al gasto que ocurre en la práctica.

La JCE fijó para las elecciones presidenciales de 2024 un tope oficial de RD$122.50 por elector habilitado, lo que equivale a cerca de RD$997 millones por candidato presidencial. Ese tope, por sí solo, ya supera el total de lo que el Estado entrega a todos los partidos combinados en un año ordinario; pero ese tope es solo el número oficial, la realidad es otra.

Legisladores (diputados) consultados por medios nacionales han revelado que el costo real de una campaña legislativa oscila entre RD$5 y RD$40 millones por candidato, dependiendo de la provincia y la circunscripción. El solo día de las elecciones, el gasto promedio por candidato a diputado se estima en cinco millones de pesos distribuidos en logística y movilización de votantes los llamados APL (apoyos logísticos), según testimonios de los propios protagonistas recogidos por la prensa.

Y eso sin contar los meses previos: vehículos, combustible, eventos, redes sociales, televisión, radio, materiales gráficos, comida en actos comunitarios, transporte de electores, y la informalidad endémica del clientelismo político. Como ha señalado en múltiples ocasiones: nadie ni los propios candidatos conoce la cifra exacta de lo que realmente cuesta ganar una elección en República Dominicana.

Las campañas dominicanas, además, son extraordinariamente largas, el período oficial entre campaña previa y elecciones supera los 10 meses, mientras que en la mayoría de los países de la región ese período no excede los 90 o 120 días. Más tiempo de campaña significa más gasto, y ese gasto no lo cubre el Estado.

¿VALE LA PENA EL SACRIFICIO?

Puestos sobre la mesa todos estos elementos, la pregunta central de este análisis tiene una respuesta que incomoda por igual a oficialistas y opositores: el financiamiento público a los partidos políticos dominicanos, tal como está diseñado, no cumple su propósito, sobrecarga las finanzas de un Estado endeudado, y es políticamente irrelevante para quienes de verdad compiten.

Tres razones lo confirman:

1. No financia las campañas reales. Los montos que establece la ley son una fracción del gasto efectivo de las campañas, los partidos mayoritarios consiguen el grueso de sus recursos a través de donaciones privadas y fuentes que ningún sistema de fiscalización puede detectar con eficacia.
2. Incentiva la proliferación de partidos. Desde 2020, el número de organizaciones reconocidas por la JCE creció de 26 a 33. El financiamiento público anual, sin condiciones estrictas de rendición de cuentas, se convierte en un incentivo para crear estructuras partidarias cuyo principal objetivo es acceder a recursos del Estado, no ganar elecciones.
3. El Estado no puede permitírselo sin reformas. Con un déficit fiscal estructural que se repite año tras año, con una deuda pública que supera los 80 mil millones de dólares y con un servicio de deuda que consume más del 3.5% del PIB, cada peso que sale para los partidos es deuda adicional que la pagamos nosotros.

Lo ante expuesto sobre el financiamiento estatal a los partidos tiene una justificación democrática válida, pero el modelo necesita una reforma profunda que contemple al menos tres ejes: reducir los montos en años no electorales y vincularlos estrictamente a actividades de formación política; exigir auditorías reales y públicas del uso de cada peso; y acortar el período de campaña, que es la principal causa del disparo en los costos.

Mientras eso no ocurra, el Estado seguirá haciendo lo mismo, pedir prestado para pagar deudas, y de paso, financiar campañas que en la práctica se costean con dinero de otra procedencia.