@abrilpenaabreu
En República Dominicana llevamos más de 20 años debatiendo un nuevo Código Penal, mientras seguimos utilizando uno que, en su esencia, fue diseñado en el siglo XIX. Sí, aunque suene absurdo: en pleno 2025, seguimos juzgando crímenes del presente con una estructura legal pensada para una sociedad que ya no existe.
Y el problema no es solo de forma. Es de fondo.
¿Cómo castigar de forma justa delitos que ni siquiera existían cuando se escribió el código actual? ¿Qué hacer con el crimen cibernético, la violencia digital, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso sistemático por redes? ¿Qué pasa con las nuevas modalidades del crimen organizado, la trata de personas, o la corrupción estructural?
La respuesta es incómoda: nada. O muy poco.
Mientras tanto, víctimas reales quedan sin justicia, agresores reinciden, y el sistema judicial trabaja con herramientas rotas. Porque aunque el Código Procesal Penal fue modernizado hace dos décadas, el Código Penal sustantivo sigue detenido en el tiempo. Una justicia sin leyes actualizadas es una justicia incompleta.
Es hora de salir del estancamiento.
Claro, el proyecto de Código Penal tiene críticas válidas —como la ausencia de las tres causales o la insuficiente protección frente a los crímenes de odio— y esas deben debatirse con madurez. Pero no puede ser que sigamos atrapados en el todo o nada, en la trinchera política o moral, mientras la delincuencia avanza y la impunidad se perfecciona.
Necesitamos un Código Penal actualizado. Que tipifique correctamente los nuevos delitos, que aumente las penas donde hay vacíos y que responda a las necesidades del presente. No se trata de castigar más, se trata de castigar mejor. Con justicia, con proporcionalidad y con visión de futuro.
No se puede construir un país moderno con leyes viejas. Y no se puede hablar de seguridad, si el crimen sigue yendo tres pasos adelante de la ley.
