Por Julio Alberto Martínez
A los señores de la “lucha contra la corrupción” se les cayó la careta. Wilson Camacho, titular coyuntural —aunque se crea un eterno supermán— de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), se autopublicó en pijama corta y sandalias con el logo de Senasa 2.0, mofándose con desparpajo de los “chivitos jarto’e jobo” que han puesto en escena para continuar alimentando el circo al que nos tienen acostumbrados.
La diferencia en esta ocasión es que ya conocemos el libreto: mucha espuma y poco chocolate. Todo el que tiene dos dedos de frente ha observado el gran trecho entre la estética de quien vive pregonando una superioridad moral en pijama y la ética weberiana de la responsabilidad que exige el cargo de quien ocupa una función tan seria.
Una cosa es un fiscal anticorrupción que actúa conforme al Estado de derecho y al debido proceso, y otra muy distinta es un bufón interpretando el papel de fiscal en la corte del Ministerio Público, como observó el país.
¿Por qué no hizo lo propio con el doctor Santiago Hazim y los empresarios acusados de estafar por miles y miles de millones al seguro de los pobres? ¿Por qué no se mofó de igual manera de Eduardo Read y su corte —que aún no ha sido investigada—? Quien, por cierto, en este preciso momento está durmiendo tranquilito en su casa… ¿Por qué no es igual de bufón e implacable con otros nombres que aparecen en el expediente que presentaron sobre el primer caso de Senasa? ¡Ay, ñeñe! ¿Y los empresarios farmacéuticos? Preguntas sin respuestas…
Esa burla mediocre refleja, además, patologías más profundas.
Cuando las personas duran mucho tiempo desempeñando posiciones de poder suelen padecer el síndrome de hubris: una arrogancia que las lleva a sentirse por encima de los demás y un trastorno de la personalidad en el que el ego se mezcla jugosamente con ínfulas mesiánicas. Por eso, desde su altura, incurre en ese tipo de atropellos y desprecio hacia las normas más elementales del debido proceso.
De la misma forma, ese gesto tan desagradable pone en evidencia otro peligro: el superpoder sin contrapeso de los fiscales. Ese poder absoluto que, como sostuvo antaño Lord Acton, corrompe absolutamente, derivando en un ejercicio autoritario del poder.
¿Quién fiscaliza a los fiscales? ¿Quién repara el daño que causan luego de que a un ciudadano se le priva durante muchos días y noches de su libertad y termina absuelto por “carencia de pruebas”? ¿Quién restituye la moral del justiciable —como dice Jorge Prats— que padece una campaña mediática bestial, acusado de mil diabluras antes siquiera de ser presentado frente a un juez?
Los monstruos, decía Boaventura de Sousa Santos, están aposentados en el corazón de las instituciones. ¿Hasta cuándo los tendremos interpretando ese ridículo papel y no el que verdaderamente merece la sociedad dominicana, que reclama con justicia una verdadera lucha contra la corrupción?
Hasta que cambie el ciclo y sus amigotes, que lo pusieron ahí para cumplir ese papel político, ya no puedan continuar respaldándolo.
