El Pregonero, SANTIAGO.– El juez de la Oficina Judicial de Sevicios de Atención Permanente de esta demarcación judicial, acogió la solicitud de la FiscalÃa de Santiago e impuso 12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los dos hombres a quienes el órgano persecutor investigó y sometió al escrutinio del juzgador, bajo cargos provisionales por trata de personas, proxenetismo y por explotación sexual agravada contra 45 mujeres.
En la exposición de los hechos que componen la teorÃa fáctica, el Ministerio Público, representado por los fiscales Juan Osvaldo GarcÃa, Quirsa Abreu RodrÃguez y Martha González, detalla que los imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez conformaron una bien estructurada organización criminal que se dedicó a captar a estas mujeres de quienes mantenÃan control en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, en donde eran explotadas sexualmente.
El juez José Rafael D’ AsÃs expuso que el Ministerio Público ha aportado elementos suficientes para convencer al tribunal de la pertinencia de imponer la medida, y puntualizó que se ajusta a una investigación rigurosa, por lo que declara el proceso de tramitación compleja.
El juzgador ordenó el secuestro de los bienes incautados, de los que el órgano rector de la investigación se apoderó durante la ejecución de unos 15 allanamientos. La FiscalÃa trabaja el caso en coordinación con la ProcuradurÃa Especializada Contra el Tráfico IlÃcito y la Trata de Personas, y la PolicÃa Nacional, diseminando un amplio equipo integrado por fiscales y oficiales del cuerpo del orden.
La investigación llevaba varios meses en curso, tiempo en el que se reunieron los elementos probatorios necesarios para determinar que los imputados debÃan ser procesados.
Las vÃctimas, cuarenta y tres de ellas de nacionalidad colombiana y dos venezolanas, quedaban atadas a una deuda sin especificar en tanto que sus reclutas cubrÃan los costos por procesos migratorios y de vivienda; de esta manera las vÃctimas debÃan ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar la deuda.
Las féminas eran vÃctimas de trata, explotación sexual comercial y otros crÃmenes conexos, en tanto que dependÃan de los tratantes para poder movilizarse de un lugar a otro. Los hombres, arrestados durante la operación, tenÃan bajo control los documentos de identidad de algunas de estas vÃctimas y, además, tenÃan control del pago que hacÃan sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajerÃa de WhatsApp.
Durante los allanamientos los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal, cada uno de los cuales fueron acogidos por el tribunal.
El órgano investigador presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artÃculos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la Ley 137-03, Sobre Tráfico IlÃcito de Migrantes y Trata de Personas; artÃculos 265, 266, 333, 334, 334-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo; en perjuicio de las vÃctimas y del Estado dominicano.
Además, le imputa a Matos Monegro la violación al artÃculo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.
Además de la Especializada, la FiscalÃa contó con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la PolicÃa Nacional, y la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (DEIDEM).
La FiscalÃa de Santiago reiteró en un despacho de prensa que la investigación que lleva a cabo, no sólo persigue el resarcimiento de la afectación a la dignidad humana, sino también a la comunidad donde operaba esta estructura en tanto que lasceraron la reputación de las familias del entorno donde la organización criminal quiso implantar un estado promiscuo.
Los apartamentos donde residÃan las vÃctimas, eran alquilados por los imputados, que las mantenÃan bajo vigilancia para garantizar la «inversión» realizada. A los procesados, también se le ocuparon sustancias controladas y armas de fuego.
En estos esfuerzos en los que la FiscalÃa de Santiago y la ProcuradurÃa Especializada Contra el Tráfico IlÃcito de Migrantes, lograron colectar evidencias de la actividad criminal lucrativa a la que estas vÃctimas eran sometidas en calidad de mercancÃa, han contado con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la PolicÃa Nacional y de la entidad internacional Anti-Trafficking Bureau (ATB).
