@abrilpenaabreu
El Gobierno acaba de declarar de alto interés nacional el combate al llamado terrorismo medioambiental. La decisión parte de una preocupación legítima: nuestros parques nacionales, bosques, fuentes de agua y áreas protegidas no pueden continuar expuestos a incendios provocados, ocupaciones ilegales y estructuras que depredan los recursos naturales para obtener beneficios particulares.
El presidente Luis Abinader ha enviado una señal clara: proteger el medioambiente también es defender la seguridad nacional y tiene razón, sin agua, sin bosques y sin biodiversidad no existe desarrollo sostenible posible.
Ahora bien, la firmeza debe ir acompañada de reglas claras, proporcionalidad y debido proceso. El propio decreto establece que no crea un nuevo delito ni amplía los existentes. Por tanto, llamar “terrorismo medioambiental” a determinadas acciones no significa que cualquier infracción ambiental pueda ser tratada automáticamente como terrorismo. Cada caso tendrá que demostrar su gravedad, sus medios, su finalidad y su correspondencia con las leyes vigentes.
También será fundamental que la aplicación no recaiga únicamente sobre quienes ejecutan materialmente el daño. Detrás de muchas ocupaciones, desmontes y construcciones irregulares existen patrocinadores, intereses económicos y, en ocasiones, permisos cuestionables o fallas de supervisión.
No sería justo permitir que una obra avance durante meses o años y después responsabilizar exclusivamente al ciudadano, sin investigar quién autorizó, quién inspeccionó y quién dejó hacer.
El Gobierno tiene ante sí la oportunidad de convertir este decreto en una verdadera política de protección ambiental. Para lograrlo deberá aplicarlo sin privilegios: igual frente al campesino, el ocupante ilegal, el empresario poderoso y el funcionario negligente o cómplice.
Este no debe verse como un cuestionamiento a la iniciativa, sino como una advertencia necesaria para fortalecerla. La República Dominicana necesita autoridad para defender sus recursos naturales, pero también instituciones capaces de prevenir, supervisar y actuar antes de que el daño sea irreversible.
La protección ambiental no comienza con una demolición ni termina con una condena. Comienza con vigilancia, ordenamiento territorial, educación, permisos transparentes y autoridades que cumplan su responsabilidad.
La decisión del Gobierno puede marcar un antes y un después. Pero su verdadero éxito no se medirá por la cantidad de personas señaladas como terroristas ambientales, sino por la cantidad de parques, bosques y fuentes de agua que logremos proteger sin atropellar derechos ni dejar fuera a los verdaderos responsables.
