@abrilpenaabreu
La tanda extendida fue presentada como un gran logro del sistema educativo dominicano. Más que un horario largo, se trataba de una política social que garantizaba a miles de familias de bajos ingresos la seguridad de que sus hijos estarían bajo cuidado durante toda la jornada, recibirían desayuno, merienda y almuerzo, y tendrían acceso a actividades complementarias.
Hoy, sin embargo, ese esquema tambalea. En al menos dos provincias ya se ha confirmado que parte de los estudiantes no podrán permanecer en tanda extendida por la falta de aulas. La “solución salomónica” es simple: unos se van temprano para que otros ocupen los mismos salones en la tarde. Un esquema de rotación que no solo interrumpe la continuidad pedagógica, sino que coloca sobre las familias una carga económica y emocional que nadie parece estar dispuesto a reconocer.
Porque aquí no se trata únicamente de educación. Se trata de cuidado infantil. ¿Qué harán las madres y padres —en su mayoría trabajadores con salarios mínimos— cuando sus hijos lleguen a casa a media tarde, sin supervisión, en un contexto social cada vez más inseguro? ¿Quién cubrirá el costo adicional de un cuido privado?
A eso se suma el impacto económico: según estimaciones, el desayuno, merienda y almuerzo escolar representan un ahorro cercano a seis mil pesos mensuales por cada niño. Retirar de golpe ese apoyo es equivalente a imponer un nuevo gasto obligatorio en hogares que ya están en condiciones de carencia. No es exagerado afirmar que para muchos, esos alimentos marcan la diferencia entre una dieta mínima y el hambre.
Lo más grave es que, si bien se admiten algunos casos, reina la opacidad. Se han filtrado memorandos y circulares internas que confirman la situación, pero se prefiere minimizar el alcance en vez de transparentar la realidad. Y eso, en uno de los inicios de año escolar más problemáticos de los últimos tiempos —con falta de aulas, personal y un Inabie bajo la lupa—, solo agrava la desconfianza ciudadana.
Si son tan pocos los casos como se quiere decir el Ministerio de Educación debe y tiene que asumir la responsabilidad de buscar alternativas. No se trata de dejar solos a los padres, sino de implementar medidas de contingencia que compensen a las familias afectadas por un error que no les pertenece. Subsidios temporales, apoyo logístico o cualquier solución que alivie el golpe.
Porque la verdadera tragedia es que, mientras la educación pública no mejore y no compita con el sector privado, seguirá siendo la opción obligatoria de quienes no pueden pagar otra cosa. Y a esa población no se le puede seguir exigiendo sacrificios por los “errores” de un Estado que, una vez más, planificó mal.
