@abrilpenaabreu
Hay algo que no cuadra en la presencia de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular trabajando en paradas organizadas de motoconcho: en República Dominicana nadie entra simplemente a una ruta, coloca su vehículo y comienza a conchar.
Nuestro sistema de transporte podrá tener muchas deficiencias, pero desorganizado para defender sus rutas nunca ha sido. Para trabajar hay que pertenecer a la estructura que controla la ruta o la parada. Hay asociaciones, sindicatos, federaciones y operadores; hay cuotas y hay reglas internas, el que intenta trabajar sin pertenecer a ellas es el famoso “pirata”, y todos sabemos que históricamente el sector ha sido bastante eficiente identificándolo y sacándolo.
Entonces, ¿cómo puede aparecer un extranjero en condición migratoria irregular trabajando regularmente dentro de una parada?
FENAMOTO ha respondido que ellos no son Migración y que cuando se enteran de la existencia de una persona irregular toman medidas.
Es cierto: FENAMOTO no es Migración, pero tampoco tiene que serlo para saber quiénes son sus afiliados, ese es el punto.
Si una persona tuvo que ser aceptada para trabajar, si pertenece a una parada y si paga una cuota para permanecer en ella, alguien necesariamente sabe que está ahí. Resulta difícil entender que una estructura pueda identificar a una persona para cobrarle y, al mismo tiempo, desconocer si cumple los requisitos mínimos para prestar el servicio.
Más preocupante todavía es la denuncia de que a algunos extranjeros en condición irregular se les estaría cobrando más precisamente por su vulnerabilidad. Esto debe investigarse y establecerse caso por caso, pero si resultara cierto, el problema dejaría de ser exclusivamente migratorio: estaríamos frente a personas lucrándose de la irregularidad de otras.
Y ahí no basta con deportar al indocumentado. Habría que preguntar también quién lo admitió, quién le cobró y quién recibió ese dinero.
La Ley 63-17 procuró precisamente sacar al transporte público dominicano de esta informalidad. Estableció un proceso de formalización para los prestadores del servicio y obligaciones de registro. Sin embargo, todavía existen paradas que no han completado ese proceso y que, aun así, continúan funcionando e incluso perteneciendo a estructuras federadas.
FENAMOTO puede sostener que no conoce individualmente a cada motoconchista de las organizaciones que agrupa. Pero precisamente ahí tenemos otro problema: ¿cómo puede una organización representar nacionalmente a un sector sin disponer de una base de datos completa y actualizada de las personas que forman parte de él?
Y el Estado tampoco puede hacerse el desentendido. ¿Dónde están el INTRANT, los ayuntamientos, Migración y las demás instituciones responsables de fiscalizar este sistema? Las propias autoridades han encontrado extranjeros en condición irregular durante operativos en paradas de motoconcho. El problema, por tanto, existe y es conocido.
No podemos seguir resolviéndolo únicamente desde el último eslabón. Sacar al extranjero irregular de la parada puede resolver ese caso particular; no resuelve el mecanismo que permitió que llegara hasta allí.
Este tampoco es un debate contra los haitianos. Un extranjero que se encuentre legalmente en República Dominicana y cumpla los requisitos correspondientes debe ser tratado conforme a derecho, independientemente de su nacionalidad.
Aquí hablamos de legalidad, control y responsabilidad, si llevamos casi una década hablando de formalizar el transporte, ya debería existir un sistema que permita saber quién conduce, dónde trabaja, a qué organización pertenece y bajo qué autorización opera.
Porque hay una contradicción que resulta demasiado difícil de explicar:
el transporte organizado dominicano sabe perfectamente quién intenta entrar a una ruta sin pertenecer a ella. Entonces, si dentro de esas mismas rutas aparecen personas en condición migratoria irregular, no basta con decir: “No somos Migración”. Nadie les está pidiendo que deporten a nadie, les estamos preguntando algo mucho más sencillo: ¿Quién los dejó entrar?
Y si se comprueba que, además, alguien les cobra más por saberlos indocumentados, la pregunta será todavía más grave: ¿quién está haciendo negocio con la ilegalidad?
