Por Wilson Pérez
El Pregonero, Santo Domingo.–Un golpe a las ocupaciones ilegales en el patrimonio natural del país: el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) retuvo a 34 nacionales haitianos en Azua y desmanteló 12 casuchas, un almacén apícola y una estructura para peleas de gallos en La Altagracia, durante el operativo interinstitucional “Compromiso Ambiental 15.0”, realizado en cuatro áreas protegidas en coordinación con organismos de seguridad, autoridades migratorias y personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En Azua, los 34 nacionales haitianos retenidos fueron entregados a representantes de la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos legales y migratorios correspondientes. Las intervenciones en esta provincia abarcaron el Parque Nacional Anacaona, sector Cabeza de Toro; la Reserva Forestal Hatillo; y el Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó.
En La Altagracia, específicamente en el Monumento Natural Hoyo Claro, los equipos operativos desmantelaron 12 casuchas construidas con madera y zinc, ocupadas en su mayoría por nacionales haitianos. Asimismo, fue desmantelado un almacén utilizado para actividades apícolas y una estructura destinada a peleas de gallos, donde fueron encontradas diez aves.
Durante esta intervención también fue notificado un ocupante del área protegida, a quien se le concedió un plazo de 15 días para proceder con la desocupación voluntaria del espacio.
En las operaciones participaron miembros de las divisiones provinciales del SENPA de Azua, San José de Ocoa, La Altagracia, El Seibo y Miches; representantes de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la Dirección General de Migración, la Fuerza de Tarea Conjunta Este (FTC-Este), el Organismo de Protección Ambiental (OPROMA) y personal de las áreas protegidas del Ministerio de Medio Ambiente.
Con estas acciones, el SENPA mantiene su compromiso de fortalecer la vigilancia y el control en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, prevenir las ocupaciones e intervenciones irregulares y garantizar la protección de los recursos naturales, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
