SANTO DOMINGO, RD — Durante su intervención en el tramo final del programa televisivo y digital Despertar Político, el Licenciado Samuel Ávila arremetió de manera contundente contra las recientes movilizaciones de grupos de ascendencia haitiana, específicamente del movimiento denominado «Reconocido», quienes exigen al Estado dominicano la entrega de documentos de identidad y el reconocimiento de la nacionalidad dominicana.
Ávila tildó a los manifestantes de «grupo de desaprensivos» y señaló que gran parte de quienes integran estas marchas se encuentran en una condición de ilegalidad e indocumentación, incurriendo en una franca violación a los preceptos constitucionales, las leyes de migración vigentes y la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la cual establece de forma clara los criterios jurídicos para la obtención de la nacionalidad en el país.
El profesional del derecho y comunicador enfatizó que el marco jurídico y la Constitución de la República están diseñados para los ciudadanos dominicanos, por lo que catalogó de inviable la pretensión de adherir a estas personas al registro civil local. «Están reclamando una nacionalidad que no les corresponde, que nunca han tenido y nunca van a tener tampoco», aseveró Ávila, sugiriendo de forma tajante que este tipo de reclamos institucionales o de derechos civiles deben ser dirigidos a las autoridades que ejercen el control fáctico en el territorio de Haití.
Denuncia de financiamiento internacional y «negocio» de ONG
En el transcurso de su ponencia, el Lic. Ávila denunció de manera directa que estas manifestaciones no son eventos espontáneos, sino que obedecen a un engranaje financiero y político. Señaló explícitamente a organizaciones como el Centro Montalvo y a otras organizaciones no gubernamentales (ONG) de estar detrás del financiamiento del movimiento «Reconocido».
Según Ávila, estas entidades instrumentalizan las carencias de estos grupos de inmigrantes con la única finalidad de hacer «lobismo» ante la comunidad internacional, gobiernos europeos y organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo de esta estrategia, según denunció, es doble: por un lado, captar fondos y financiamientos internacionales manteniendo la problemática activa como un «gran negocio», y por el otro, posicionar una narrativa global que califique falsamente a la República Dominicana como un Estado racista, xenófobo y violador de los derechos humanos.
Finalmente, el comunicador criticó con dureza la postura de la actual gestión gubernamental, así como la de administraciones pasadas, acusándolas de haber sido «cómplices» por permitir que estas dinámicas se ventilen públicamente en detrimento de la dignidad, la soberanía y la imagen internacional del pueblo dominicano.
