@abrilpenaabreu
Por años hemos escuchado la misma advertencia: la República Dominicana necesita una reforma fiscal. Le hemos cambiado el nombre varias veces —reforma tributaria, pacto fiscal, modernización fiscal— pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. El Estado necesita más recursos para responder a las demandas de una sociedad que exige mejores servicios, más seguridad, mejor infraestructura y soluciones a problemas que se han ido acumulando durante décadas.
Y si algo hay que reconocerle al debate actual es que, nos guste o no, las decisiones difíciles no pueden seguir posponiéndose indefinidamente.
Sin embargo, precisamente porque se habla de sacrificios, de responsabilidad y de aportes compartidos, resulta difícil entender algunas de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto.
Entre ellas, la reducción de la carga impositiva que originalmente se contemplaba para las bancas de lotería y otros juegos de azar.
La pregunta es simple: ¿por qué?
Porque si hay un sector al que no se le puede presentar como víctima de una reforma es precisamente al de los juegos de azar. No estamos hablando de un servicio esencial. No estamos hablando de un sector estratégico para la seguridad alimentaria, la producción nacional o la generación de energía. Estamos hablando de una actividad económica que existe para generar ganancias a partir de las apuestas.
Peor aún, durante años distintos sectores han denunciado la proliferación de bancas que operan al margen de la ley o en condiciones irregulares, una situación que ninguna persona mínimamente informada puede desconocer.
Por eso sorprende que, cuando el país discute cómo repartir el peso de una eventual modernización fiscal, uno de los sectores que termine obteniendo alivios sea precisamente este.
Y aquí no se trata de demonizar a nadie, se trata de coherencia, si a la clase media se le pide comprensión, si a los consumidores se les pide comprensión, si a los empresarios se les pide comprensión, si al país entero se le pide comprensión. Entonces los sacrificios deben ser para todos.
Porque las reformas fiscales fracasan cuando la población siente que algunos tienen padrinos y otros tienen facturas, ahora la discusión pasa a la Cámara de Diputados y ahí veremos algo más importante que una simple votación sobre impuestos.
Veremos si los partidos políticos tienen control sobre la dirección de sus bancadas o si determinados intereses tienen más influencia que las necesidades del país. Veremos si los legisladores entienden que representan a millones de dominicanos o a grupos específicos que cuentan con capacidad de presión.
Porque al final, más allá de tecnicismos, porcentajes y exenciones, la verdadera discusión es una de confianza. La gente puede aceptar sacrificios. Lo que no suele aceptar son privilegios.
Y en momentos donde se habla de modernización fiscal, quizás la pregunta más importante no sea quién pagará más impuestos.
Quizás la pregunta sea quién logró evitar pagarlos.
