El Pregonero, Santo Domingo.- La politóloga Rosario Espinal afirmó que desde el 1996 en la República Dominicana no hay serios problemas administrando elecciones.
Aseguró en su artículo “Junta Central Electoral: el mismito debate”, que “anteriores hubo fraudes electorales, pero ya se han realizado muchos procesos electorales técnicamente confiables porque la crisis política de 1994 llevó a una gran inversión de recursos y esfuerzos para modernizar el sistema de administración electoral dominicano”.
Aquí su artículo (Tomado del periódico Hoy)
Junta Central Electoral: el mismito debate
En cada ocasión de elegir los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) se presenta el mismito debate: ¿políticos partidistas o independientes? Es un falso debate en la República Dominicana porque las juntas han estado conformadas por ambos.
Además, no importa lo que sean, una vez en sus funciones, con frecuencia, los miembros de la JCE son desacreditados por los mismos políticos que los escogen.
Por ejemplo, la JCE anterior estuvo presidida por Roberto Rosario que provenía del PLD. La JCE actual está presidida por Julio César Castaños que no provenía de un partido político. Ambas JCE fueron muy criticadas por sus supuestas inclinaciones a favor del PLD.
Desde la década de 1980, la composición de la JCE ha tenido cambios en su estructura y composición por disputas políticas. Ante coyunturas difíciles le agregaron miembros y luego establecieron la separación de lo administrativo y contencioso, creándose eventualmente el Tribunal Superior Electoral.
Aunque muchos crean lo contrario, en la República Dominicana no hay serios problemas administrando elecciones desde 1996.
Hay un registro electoral bastante confiable, una maquinaria de administración electoral con experiencia, pocas posibilidades de cambiar los resultados a menos que sea con la complicidad de los delegados partidarios que observan el conteo, y la compra de votos fuera de los recintos electorales no es controlable por la JCE.
Cierto, se produjo la debacle del sistema automatizado en las elecciones municipales de febrero pasado, un asunto que quizás quede para siempre en nebulosa a pesar del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero ese evento, paradójicamente, a quien más perjudicó electoralmente fue al partido que más poder tenía: el PLD.
El debate otra vez de si los nuevos miembros de la JCE pueden o no haber tenido militancia partidaria no es, en mi opinión, lo principal para escogerlos.
Lo esencial para la selección es que conozcan el tema electoral, que por lo menos una parte de los cinco miembros tenga experiencia probada en la administración electoral, y que tengan capacidad de gestión política.
Las elecciones son procesos políticos. La competencia entre los partidos es siempre fuerte, y quien administra el proceso debe contar con el diseño administrativo adecuado y la autoridad para compaginar los intereses de las fuerzas políticas, de manera que se sientan representadas y ninguna se imponga arbitrariamente (tarea nada fácil).
En general, los políticos dominicanos no saben perder y por eso difaman las autoridades electorales. Siempre atribuyen su derrota a una causa externa y han acostumbrado la ciudadanía a hacer lo mismo. Ese es un agravante para la selección.
Es cierto que en décadas anteriores hubo fraudes electorales, pero ya se han realizado muchos procesos electorales técnicamente confiables porque la crisis política de 1994 llevó a una gran inversión de recursos y esfuerzos para modernizar el sistema de administración electoral dominicano.
Lo que el Senado tiene ahora ante sí no es un dilema sobre si los nuevos integrantes de la JCE pueden tener o no militancia partidaria reciente. Ese es el discurso del ruido. Lo que harán es acomodar las peticiones de los partidos con mayor fuerza para imponer nombres. Ese es el tejemaneje real, lamentablemente.
Ojalá, dentro de todo, escojan personas con el conocimiento y las capacidades necesarias en la administración electoral, con reciedumbre ética y destrezas políticas. Y ojalá que una vez en sus funciones, los políticos dominicanos entiendan que desacreditar la JCE como muchas veces hacen no es el camino democrático.