Por: Sterling Jimenez R, Ph.D. International Professor Université de Bordeaux
A causa de mis condiciones de empleo y la política de redes sociales de la empresa para la que trabajo, no podía referirme a eventos políticos. Pero, en los momentos actuales, mi consciencia no me permite quedarme tranquilo y ver sin hacer nada lo que pasa en mi país.
Confío y apoyo a este gobierno de Luis Abinader, y muchos de mis amigos y ex-colegas son funcionarios destacados. Sin embargo, mis comentarios son realizados con el único interés de defender a mi patria y a mis compatriotas dominicanos.
En República Dominicana, cada vez que se menciona una “reforma fiscal”, parece ser un sinónimo para aumentar impuestos, sin que se aborden los problemas fundamentales del gasto público. Este tipo de propuestas parece enfocarse siempre en cargar más a la clase media, sin hacer cambios concretos en la estructura inflada de gastos gubernamentales. Se habla de eliminar costos innecesarios, pero en la práctica, no hay un esfuerzo real por reducir el tamaño del gobierno o hacer más eficiente el uso de los recursos.
Sin embargo, es cierto que una reforma fiscal es necesaria, pero no del tipo que nos quieren imponer. Lo que el país necesita es una reforma que reduzca impuestos, que elimine los gastos superfluos, y que elimine empleados públicos que solo están ahí porque el Estado se ha convertido en una especie de “segunda seguridad social”. Se debe reducir la burocracia que ahoga a las empresas y empleadores, y poner en marcha medidas efectivas para perseguir a los evasores de impuestos y enfrentar a los contrabandistas extranjeros que han dañado gravemente la competitividad de los empresarios locales. Solo con este tipo de reformas se puede hacer que nuestras empresas sean más competitivas y nuestros empleadores tengan más margen para generar empleo de calidad.
El panorama fiscal actual es un círculo vicioso: mientras la clase media cumple con sus responsabilidades fiscales, los “pocos pendejos” que siempre pagamos los impuestos, el gobierno sigue sirviendo como un mecanismo de enriquecimiento para la clase política. Los senadores, diputados y otros funcionarios, en proporciones mucho mayores que en países desarrollados, absorben fondos públicos, y no se puede ignorar el uso del Estado como botín político para los miembros del partido.
Una medida que merece especial crítica es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Hoy en día, una casa valorada en cinco millones de pesos apenas se considera una vivienda modesta, por lo que esta carga afectará a más dominicanos de lo que parece. Aunque se ha propuesto eliminar parcialmente el anticipo del Impuesto sobre la Renta para pequeños negocios, esta medida no compensa el peso abrumador de los impuestos adicionales que están sobre la mesa.
La tan mencionada idea de fusionar ministerios tampoco aporta soluciones reales. Si no se eliminan los puestos innecesarios ni se reducen los gastos superfluos, lo único que se está haciendo es presentarlo como una solución cosmética. Al final, la necesidad del gobierno de aumentar sus ingresos no viene de la búsqueda de una administración más eficiente, sino del intento de pagar los préstamos innecesarios que continúan alimentando la corrupción.
Es posible que todo esto forme parte de una estrategia, donde el gobierno presenta una propuesta alarmante para luego aprobar una versión “más moderada”, que, aunque no parezca tan extrema en comparación, igualmente seguirá impactando a los contribuyentes sin solucionar los problemas estructurales del gasto público.
Y claro, todo esto ocurre mientras los políticos prometen obras de infraestructura que, aunque suenan impresionantes, suelen ser tan infladas que hasta un puente para cruzar una laguna seca parece una necesidad urgente. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos endeudándonos para pagar por estos “monumentos al despilfarro”, mientras ellos inauguran la obra, cortan la cinta, y se van a celebrar en sus flamantes yates nuevos, financiados con el “trabajo duro” de haber aprobado otro préstamo internacional.
