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Roberto Rosario contradice a Abinader: “En SeNaSa siempre existieron mecanismos legales de control”

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El Pregonero, Santo Domingo.– El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), Roberto Rosario Márquez, contradijo las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader sobre las supuestas fallas estructurales en los mecanismos de supervisión del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al asegurar que desde hace décadas existen disposiciones legales para garantizar el control y la fiscalización de sus recursos.

Rosario cuestionó que el mandatario atribuyera la situación de SeNaSa a debilidades de supervisión existentes desde su fundación y afirmara que su administración ha fortalecido los controles mediante nuevas estructuras de vigilancia y auditoría.

El dirigente opositor sostuvo que esas declaraciones ponen en evidencia, a su juicio, la falta de planificación y supervisión de las actuales autoridades en el manejo de los fondos públicos.

Asimismo, consideró que el argumento presidencial podría interpretarse como un intento de justificar las actuaciones de funcionarios vinculados a la administración de SeNaSa desde el 16 de agosto de 2020.

Rosario explicó que la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece obligaciones de supervisión y rendición de informes ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

También citó la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y regula las atribuciones de la Contraloría General de la República, así como las disposiciones constitucionales y legales que facultan a la Cámara de Cuentas para fiscalizar las instituciones que administran recursos públicos.

El ex presidente de la Junta Central Electoral señaló que estas normativas demuestran que SeNaSa contaba con mecanismos legales de vigilancia mucho antes de la llegada del actual Gobierno.

Rosario afirmó que el presidente Abinader aparentemente no fue debidamente informado por sus asesores sobre el alcance de esas disposiciones.

Finalmente, sostuvo que las presuntas irregularidades registradas en SeNaSa durante la actual administración no pueden justificarse por la inexistencia de controles legales, sino que, según su interpretación, responden a la falta de actuación de los organismos estatales encargados de supervisar y fiscalizar los recursos públicos.

“Lo sucedido en SeNaSa en estos seis años solo puede ser explicado por la indiferencia de los organismos del Estado que, a partir de 2020, abandonaron su responsabilidad de control y fiscalización”, expresó Rosario.