Por Kimberly Taveras Duarte
El próximo 22 de septiembre se cumplirán 27 años de aquel martes gris de 1998, cuando el huracán Georges azotó la República Dominicana con una furia cuya memoria aún resuena en la conciencia colectiva. Yo era apenas una niña y recuerdo cómo mi madre acogió en casa a vecinos cuyas frágiles viviendas no resistirían los embates del ciclón.
Mientras los adultos observaban desde las ventanas cómo el viento arrancaba techos de zinc que surcaban el aire como alfombras de la película de Aladino, y los árboles y postes del tendido eléctrico se doblegaban como olas en un mar embravecido, yo, en mi inocencia, repartía “fritos” con salami a mis amigas, intentando inyectar algo de normalidad en aquella jornada interminable.
Tras más de 24 horas de un viento que rugía como un infierno desatado, Georges dejó un saldo devastador: más de 380 víctimas mortales; alrededor de 100,000 refugiados y 185,000 personas sin hogar; cerca del 90 % de los cultivos destruidos y más de 190,000 hectáreas agrícolas arrasadas; la paralización de los sistemas eléctrico e hídrico, que dejó a más de un millón de personas sin agua potable; y pérdidas económicas que superaron los 1,000 millones de dólares.
Fue una tragedia que no solo marcó a una generación, sino que desnudó la extrema vulnerabilidad de nuestro país ante los fenómenos climáticos.
Paradójicamente, en ese mismo 1998 ya estaba en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el primer gran acuerdo internacional para enfrentar esta amenaza. Sin embargo, las advertencias científicas no han bastado para que la República Dominicana deje de figurar entre los países más expuestos.
Índices como el ND-GAIN Index, que nos sitúa entre los primeros en vulnerabilidad y los últimos en preparación, y el World Risk Index 2023, que nos incluye entre las 41 naciones de mayor riesgo, confirman lo que la experiencia diaria nos grita: vivimos en la primera línea de la crisis climática.
Desde entonces, múltiples fenómenos han golpeado la isla: huracanes, tormentas, inundaciones y sequías que han afectado a millones de dominicanos, dejando pérdidas multimillonarias y profundizando la desigualdad social. Hoy, los impactos son aún más tangibles: Noches en que las temperaturas superan los 40 °C duplican la demanda eléctrica y ponen al límite nuestro sistema energético. El sargazo invade nuestras costas, obligándonos a repensar un modelo turístico de sol y playa que ha sido nuestra principal fuente de divisas. En el campo, las sequías prolongadas y los suelos agrietados amenazan la agricultura y la ganadería, al punto de que productos emblemáticos como el café y el cacao podrían desaparecer de nuestras tierras en pocas décadas.
Los desafíos del cambio climático no esperarán a que tengamos un liderazgo que piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Necesitamos dirigentes que tomen decisiones coherentes con los compromisos internacionales que hemos firmado, apostando por la descarbonización y la reducción de gases de efecto invernadero, aun a costa de la popularidad política. Porque el pueblo, que con sus impuestos financia al Estado y a los partidos, merece políticas basadas en ciencia, no en cálculos populistas.
Desde mi formación en ingeniería química y mis investigaciones de grado y posgrado sobre energías renovables a partir de residuos sólidos, hasta las iniciativas que promuevo en el Congreso —como las leyes de Eficiencia Energética, Seguridad Energética y la Ley Nuclear, junto al impulso de la generación con gas natural y fuentes limpias—, he defendido que solo un liderazgo honesto, autocrítico y responsable puede evitar que repitamos los errores del pasado.
Mi crítica a la central termoeléctrica Punta Catalina nunca se dirigió a la capacidad de generación que aportó al sistema, sino a la tecnología de carbón que emplea. Este combustible no solo provoca —según estudios de la UASD y otras instituciones— la muerte prematura de más de 59 ciudadanos cada año en esa provincia y agrava enfermedades respiratorias e hipertensión, sino que además nos ata a la dependencia de un insumo que no producimos y cuyo precio se disparó de 60 a 400 dólares por tonelada durante la guerra en Ucrania.
Se podría argumentar que el gas natural, la alternativa planteada en la Hoja de Ruta Energética del Worldwatch Institute en 2015, también es importado y de precio volátil. Sin embargo, la diferencia clave es la flexibilidad operativa: las plantas a gas pueden encenderse y apagarse con rapidez, lo que facilita la integración de energías renovables intermitentes —solar y eólica— que, según el BID, son un 40 % más baratas y podrían suplir hasta un 85 % de nuestra matriz eléctrica.
Esa flexibilidad nos habría ahorrado los más de 5,500 millones de dólares gastados en los últimos cinco años para operar con carbón. Con ese dinero, hoy estaríamos generando el doble de la demanda nacional, lo que significaría hogares con energía barata, no contaminante e independiente de la volatilidad internacional.
Afortunadamente, el rumbo comienza a corregirse. El gobierno actual, aunque ha enfrentado muchas dificultades, está impulsando una transición energética necesaria. La integración de 1,400 MW de nueva potencia, de los cuales 800 MW provienen de fuentes renovables —más de lo que genera Punta Catalina—, es un paso en la dirección correcta.
No obstante, para consolidar este avance, reitero la urgencia de un cambio en algunos funcionarios cuya visión aún coincide más con el pasado que con el futuro.
Veintisiete años después de ver techos volar como alfombras mágicas, entiendo que la verdadera adaptación al cambio climático es construir un país donde nadie tenga que buscar refugio por la imprevisión de sus líderes.
La lección de nuestra política energética debe replicarse con urgencia en la agricultura, el turismo, el transporte y la industria. Lo hacemos por los dos millones de dominicanos más vulnerables, herederos de la misma fragilidad que padecimos con Georges.
Se lo debemos a ellos, y a la niña que un día repartió “fritos” con salami, soñando con un país tan fuerte como la solidaridad de su gente en aquella tormenta.
Autora es diputada, Circunscripción núm. 5, Provincia Santo Domingo. Miembro de la Comisión Permanente de Energía
